La Federación Catalana de Fútbol se ha afanado a aplicar un ERTE prácticamente a la totalidad del personal operativo -que es casi la mayoría- a consecuencia de la parada en seco sufrida por el fútbol en todas las categorías, y también administrativamente.
La percepción entre el personal es que las medidas han sido especialmente extremas, incluso precipitadas, como si la economía de la Federación, a pesar de las bondades y aplausos que la misma junta promovió en la última asamblea, colgara de un hilo.
La reacción de los empleados no ha sido otra que la de resignarse a los hechos consumados, pero con el convencimiento, por supuesto, de que el propio presidente, Joan Soteras, no ha sido el primero en aplicarse el mismo rigor ni el carácter expeditivo de las medidas dirigidas al resto de los asalariados.
Tampoco es que la gestión de este ERTE se haya negociado al por mayor para conseguir un precio de acuerdo con las rebajas que supone e inspira esta medida. Otra vez ha aparecido el mismo despacho de abogados de siempre, el que de repente fue apartado después de la denuncia anónima sobre las irregularidades detectadas en esta extraña relación. Un bufete que, sin discutir su competencia, nunca ha salido barato. Esta vez, tampoco.
El problema, no obstante, llegará la próxima temporada con un fútbol en crisis, clubes arruinados, las escuelas de fútbol base en precario y unos costes que, si no se replantean, harán imposible la supervivencia de muchos equipos.
