Después de unos días con informaciones que apuntaban a una posible salida de los líderes independentistas presos para que pudieran pasar el periodo de confinamiento por el coronavirus en sus casas, finalmente hoy las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han decidido no aceptar la solicitud formulada por la consejería de Justicia del gobierno de la Generalitat.
Las juntas sólo han aceptado que 15 presos comunes clasificados en el artículo 100.2 (con permiso para salir a trabajar o para tener cuidado de un familiar) puedan permanecer en sus hogares durante el tiempo que dure el confinamiento. Por otro lado, la reunión de hoy, que tenía un carácter extraordinario, llegaba poco tiempo más tarde que el Tribunal Supremo alertara a los funcionarios que podían incurrir en un delito de prevaricación si permitían la salida penitenciaria de los reclusos independentistas.
A través de un vídeo en twitter, la consejera de Justicia, Ester Capella, ha afirmado que "los centros penitenciarios catalanes tienen que poder trabajar sin amenazas ni coacciones", y que el Tribunal Supremo ha querido condicionar la decisión tomada por los funcionarios de prisiones, cosa que es "inaudito, vergonzoso e inapropiado de un Estado de Derecho". Capella ha querido remarcar que "quién condenó a largas condenas a las presas y los presos políticos es el Tribunal Supremo, el mismo tribunal que señala con el dedo los funcionarios de los centros penitenciarios catalanes". La titular de Justicia ha defendido que su departamento y el gobierno catalán "tienen que estar siempre junto a los trabajadores públicos de la Generalitat de Cataluña".
