El trabajo por cuenta propia, individual o colectivo, tiende a cubrir necesidades, contribuye a dar sensación de identidad, de pertenencia y de propósito, ayuda a construir una vida digna y procura bienestar. El trabajo por cuenta ajena se propone principalmente maximizar los beneficios de los amos de los medios de producción.
Con la Revolución Industrial y la continua invención de nueva maquinaria, utillaje y medios organizativos para la producción en masa, los beneficios se obtienen con la venta de bienes materiales fabricados por los obreros. Pero esta fabricación intensiva ya no es suficientemente rentable. Imposible seguir "creciendo" ilimitadamente: la sociedad europea está saturada de consumibles. La reposición se obtiene con el que se fabrica en otros países del Tercer Mundo a bajo precio, con trabajadores sin derechos, sin libertades y con salarios de miseria.
Lo que se produzca en esta parte de mundo sólo será competitivo si se hace en aquellas precarias condiciones laborales. La seguridad en el trabajo y la negociación colectiva son una gran distorsión para la producción basada en la sumisión del trabajador asustado, a quien se le intenta hacer creer que es de "clase media" y que el nacionalismo divisor e insolidario le solucionará sus problemas. Pero las fortunas privadas de unos pocos siguen aumentando sin cesar. Con la obra pública, la actividad inmobiliaria y la permanente especulación financiera. No sólo con los bienes existentes, sino también con los futuros, de tal manera que, obtenido el beneficio, puede resultar superfluo producir la mercancía.
Las pérdidas las sufraga el Estado liberal o los no iniciados que juegan a la Bolsa y arriesgan su dinero, ya sea individualmente o mediante los fondos de pensiones privados y fondos de inversión. Se protegen los monopolios, especialmente los de la electricidad y el petróleo, y se dificulta la generación autónoma de energías renovables para consumo propio. Se enriquecen también con los intereses de la deuda pública que endosan al Estado, que se incrementa cada año sin solución de continuidad. Imposible de devolver, el déficit aumenta sin cesar. Y con la deuda privada en poder de los financieros que, como por arte de ensalmo, se transforma en deuda pública.
Los corruptores de políticos y funcionarios se insertan en el sistema. Obtienen beneficios exorbitantes con las tecnologías de la información y la comunicación. El móvil parece que nos iguala a todos en el acceso a la noticia y al conocimiento. Falsa ilusión. Los datos que nosotros suministramos benefician exclusivamente los que tienen las máquinas y los programas necesarios para almacenarlas, tratarlas y emplearlas en su beneficio. Los algoritmos marcan y señalan las diferencias, resaltan las desigualdades y redirigen aquello que conviene a los intereses de los que controlan el sistema.
La acción depredadora se dirige también hacia los servicios públicos. La sanidad, la enseñanza, los sistemas de atención social, la jubilación, los transportes, los servicios de vigilancia..En algunos países, como Estados Unidos, incluso las prisiones y las fuerzas armadas con mercenarios. En España la seguridad en edificios del poder judicial, en aeropuertos y ferrocarriles está ya en manso
privadas.
Todo se tiene que transformar en objeto de negocio. Lo que ahora son derechos, iguales para todo el mundo, sufragados con impuestos pagando más quien más tiene, tienen que pasar a ser mercancías, objeto de compraventa para clientes que disfruten en función de sus posibilidades económicas. La beneficencia se encargará de los pobres y de los parados al acecho de un disputado puesto de trabajo que les facilite un salario escaso más allá de la renta de ciudadanía cuando se instale.
Para que se acepte la privatización de los servicios públicos, se degradan conscientemente. Se reducen los ingresos tributarios y así faltan recursos para mantenerlos con la calidad exigible y se empeoran las condiciones laborales de los funcionarios. Se les asignan los casos más difíciles, costosos y con peor diagnóstico. Los más sencillos se atienden en centros privados que pueden contar con la aportación económica de los usuarios más bienestantes y las mutuas privadas. Y para ordenar y facilitar el tránsito del servicio público al privado se proponen leyes como la de contratos de servicios a las personas, que se ha conocido popularmente como "ley Aragonés".
