El Gobierno de la Generalitat, en el documento "Presupuesto 2020, Catalunya 2030", destaca que para 2020 el gasto corriente crecerá 2.135 millones de euros respecto a 2010. El aumento se presenta como equivalente a dejar atrás la austeridad, pero un incremento de presupuesto es una información cuantitativa que explica muy poco qué puede pasar y sus consecuencias: es diferente aumentar el gasto para construir un muro para separar dos países, que construir una nueva escuela. Pero lo más peculiar es que se trata del presupuesto de una coalición rota y de una legislatura acabada –según el presidente– y, por lo tanto, no sabemos qué parte de la coalición hace la propuesta. Más estrafalario es todavía el anuncio de convocar elecciones una vez se apruebe el presupuesto –situando "el carro delante de los bueyes"–. Pretenden debatir un presupuesto que no se sabe para qué políticas tienen que servir ni quien las gestionará.
El documento de presupuestos subraya, como ejes de la propuesta, que permiten superar los niveles precedentes de gasto de los servicios públicos, que reducirán las desigualdades sociales y que dejan atrás las políticas de austeridad. Para comprobar si efectivamente prevén el logro de estos objetivos, hay que observar cuál era el gasto del año 2010, momento de inicio de las políticas de austeridad, y hacer la comparación utilizando euros de valor constante.
En primer lugar, la propuesta prevista para salud y educación –los servicios públicos más significativos en términos de bienestar gestionados por la Generalitat– es 603 millones de euros inferior al gasto de 2010; es decir, propone una reducción del 3,4%. De esta cifra, 576 millones corresponden al sistema público de sanidad, que disminuye un 5,6% respecto a 2010, pasando de 1.385 euros por habitante a 1.281. La propuesta para educación es casi idéntica a la de 2010, pero si tenemos en cuenta que el número de alumnos de todos los niveles de educación pública entre 2010 y 2020 ha aumentado el 8,8%, el gasto público por alumno cae de 7.018 euros a 6.372.
En segundo lugar, ante la persistencia de la desigualdad, no se prevé una mejora de los recursos para paliar sus efectos más inmediatos. La previsión de los programas de protección y promoción social (excepto el fomento de la ocupación) se reducen en un 2,2%, mientras que la tasa de personas en situación de riesgo de pobreza ( ROPE, en sus siglas en inglés) pasa del 19,2% de la población en 2010 al 24,7% en 2018 (último dato disponible), de 1,4 millones de personas a 1,8 millones..Esta previsión se traduce en una reducción del gasto medio por cada persona afectada de 1.688 euros en 2010 a 1.126 euros; es decir, una reducción que sube hasta el 33,3%.
En tercer lugar, se observa que persisten las mal llamadas políticas de austeridad, que concentran los efectos en los gastos de servicios públicos de carácter social, al mismo tiempo que aumenta el gasto total no financiero. De tal manera que el peso del gasto en salud y educación en relación con el gasto total baja del 52,5% al 46,5%, entre 2010 y 2020, y el gasto de protección y promoción social baja del 10% al 9,2%.
Esta propuesta de presupuesto muestra dos tendencias opuestas. Por un lado, el aumento del gasto público total no financiero respecto a 2010, de 3.018 millones de euros, un 9,3% más. Por otro lado, una reducción de 656 millones de euros en los gastos de protección y promoción social, de salud y de educación, es decir un 3,4% menos que en 2010. La diferencia se acentúa en el gasto por habitante. Durante este periodo el gasto total se incrementa el 7%, mientras que el gasto social se reduce un 5,4%. Tendencia que se confirma en relación con el PIB de Cataluña. Entre 2010 y 2018, el gasto social baja del 8,8% al 7,8% del PIB.
Estas reducciones afectan de pleno el bienestar de los ciudadanos, la necesaria cohesión social y el fomento de la igualdad de oportunidades. En un contexto en que quizás tenemos más trabajo y seguramente más trabajadores pobres, es improbable que se cumpla el eslogan elegido por la Generalitat para presentar la propuesta para 2020: "La prosperidad compartida". Un presupuesto
menos social que los anteriores al ajuste fiscal no es el mejor camino para avanzar en esta dirección
