La Fiscalía pide cinco años de prisión al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives (CiU) por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, en el marco del caso Barcelona Regional.
El ministerio fiscal solicita la misma pena para el que entonces era director general de la empresa pública Barcelona Regional en el momento de los hechos, Willy Müller, y para el entonces alcalde de Cervelló, Jesús Arévalo. El fiscal considera que los tres se aliaron para crear un lugar de trabajo ficticio en la entidad pública para Arévalo, por el cual en cuatro años cobró 155.000 euros.
La comisión de investigación sobre la actividad de Barcelona Regional entre el 2011 y el 2015, constituida por el Ayuntamiento, ya expuso sus conclusiones en abril y determinó que el gobierno de Xavier Trias (CiU) y la agencia pública Barcelona Regional "derrocharon" dinero público durante el anterior mandato.
Arévalo, según el fiscal, figuró como trabajador de la empresa pública desde el 9 de enero del 2012 hasta el 31 de mayo del 2015. Pero en este tiempo, "ni participó en el proyecto indicado en su contrato laboral, ni en ninguno otro ejecutado por la entidad".
