El Parlamento de Cataluña ha tumbado este lunes el dictamen del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, más conocida como Ley Aragonés. Durante la comisión de Economía y Hacienda, los grupos de la oposición, Cs, PSC, CatECP, CUP, PPC han votado en contra del dictamen y de la mayor parte de las enmiendas, mientras que JxCat y ERC ha votado a favor pero se han quedado en minoría.
JxCat y ERC querían retirar el punto que hacía referencia al dictamen, pero los grupos a petición de la CUP han votado ampliar el orden del día para incorporar la cuestión, que ha quedado rechazada.
Las principales críticas a la ley Aragonés han llegado desde la izquierda y denuncian que facilitaría la privatización de servicios públicos, puesto que regulaba como se podían externalizar estos.
Por el contrario, desde el Departamento de Economía y Hacienda, liderado por Pere Aragonés, replicaban que la iniciativa precisamente tenía que dificultar que grandes empresas o multiservicios optaran a estas licitaciones, puesto que obligaba a introducir cláusulas sociales y limitaba a un 30% el peso del precio a la hora de adjudicar unos servicios que a menudo ya se gestionan de forma externa.