El Gobierno de Cataluña ha aprobado recientemente la estrategia de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad pública, un plan que supone un salto adelante para construir un sistema democrático de calidad al nivel de los países europeos referentes en la calidad democrática y el buen gobierno.
Después de seis meses de trabajo conjunto de todo el Gobierno, se han establecido 25 acciones concretas, aplicables en dos años, que tendrán efectos a corto plazo e impulsan un marco de integridad compartido para todos los trabajadores y directivos del Gobierno.
Este conjunto de acciones se han elaborado con una metodología basada en datos empíricos que han aportado los informes del Síndico de Agravios y la Oficina Antifraude, y un informe encargado al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, Ivàlua, que prueba la efectividad contrastada a nivel internacional de las medidas que se llevarán a cabo. Además, por primera vez se han tenido en cuenta también las recomendaciones de expertos y la opinión de la ciudadanía a través de un proceso participativo.
La estrategia ha sido impulsada por el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia que lidera Alfred Bosch, en coordinación con la Secretaría General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda; la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública y el Departamento de la Presidencia.
Las medidas que incluye la estrategia para la integridad pública tendrán efectos en diferentes ámbitos:
Protección de alertadores: se mejora el sistema de protección de las personas que alertan sobre casos de corrupción y se implementarán buzones éticos de denuncia 100% anónimas. Se prevé que en menos de tres meses, el Gobierno firme el convenio con GlobaLeaks, que permitirá la instauración de estos canales seguros de denuncia.
Contratación pública: se aumentan los recursos humanos y técnicos en los órganos de contratación de la Administración pública.
Conflictos de interés: se elaborará una guía abierta al personal de la Administración para asesorar los altos cargos para detectar y gestionar conflictos de interés y se creará un protocolo de coordinación entre órganos de control.
Función y dirección públicas: la selección de personal de la dirección pública se basará en méritos y capacidades acreditadas y también se publicarán los datos académicos y profesionales de los altos cargos y personal directivo público.
Fiscalidad: se aumenta el control de los activos en el extranjero y la persecución de los delitos de fraude fiscal.
Grupos de interés: se amplía el ámbito de aplicación de las obligaciones derivadas del protocolo de actuación en relación con los grupos de interés y el contenido de las agendas de las reuniones con estos grupos tendrán que ser públicas.
Marco de integridad: para profesionalizar la gestión ética se dota de más herramientas y contenidos los ámbitos educativo e interno de la Administración de la Generalitat y se intensifica la sensibilización con la previsión de hacer una campaña sobre integridad pública y las consecuencias socioeconómicas de la corrupción.
Calidad institucional: se refuerza la calidad de la información sobre las iniciativas del Gobierno, se elaborará un plan estratégico para aplicar a la Administración Pública Local y se mejora el proceso de evaluación y rendimiento de cuentas.