España se ha sometido este miércoles al examen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Del centenar de países que han tomado la palabra, unos quince han reprochado al gobierno español vulneraciones a la libertad de manifestación y de expresión, provocadas por la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
Socios europeos como Bélgica Italia o Alemania y otros como Suiza, los Estados Unidos o Rusia también han alertado sobre la violencia policial. Informes previos de las Naciones Unidas ya recogían estas restricciones.
El embajador de Venezuela, Jorge Valero, ha hecho una mención explícita a Cataluña: "Recomendamos que el nuevo gobierno inicie un diálogo constructivo con el gobierno catalán y sus instituciones".
España ha negado las vulneraciones y ha quitado importancia a las críticas, a través del secretario de Estado de Asuntos exteriores, Fernando Valenzuela: "No creo que haya sido una cuestión subrayada ni mucho menos. Hay alguna preocupación por posibles interpretaciones a la ley, pero nadie ha señalado ningún caso concreto en que se haya producido".
En cambio, el consejero Alfred Bosch, responsable de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, cree que ha sido un golpe para España: "En Ginebra hemos asistido a la estrujada más dura que ha sufrido el reino de España en materia de derechos humanos. Se ha evidenciado que en España no se están respetando los derechos sociales y políticos".
