Con el gobierno de España constituido y en marcha, la fragilidad y la incertidumbre política en la cual hemos estado instalados en los últimos cuatro años se han desvanecido de manera súbita. Por delante tenemos cuatro años para afrontar y dar respuesta a las grandes cuestiones que tienen que permitir la construcción de una sociedad más próspera y armónica que cree oportunidades de futuro para las nuevas generaciones.
La investidura de Pedro Sánchez, gracias a la abstención de ERC y EH Bildu, abre una nueva etapa en la tormentosa historia de España. Como ocurrió con la transición del franquismo a la democracia, debemos cerrar heridas, pasar página y encarar con grandeza y generosidad los tiempos de esperanza que empiezan.
Entre las asignaturas que hay que estudiar más a fondo para poder superarla con excelencia está la de la organización territorial del Estado y, por extensión, de la península Ibérica. La pertenencia de España y Portugal a la Unión Europea nos da una enorme potencia para trabajar unidos que, desgraciadamente, todavía no hemos sabido explorar ni explotar a fondo. La coincidencia de dos presidentes socialistas en Madrid y en Lisboa -Pedro Sánchez y António Costa- debería permitir avanzar de manera decidida en la vertebración económica, social, cultural y política del espacio ibérico.
En este contexto, la existencia de políticos independentistas presos en Cataluña, pero también en Euskadi, es una rémora de “viejas guerras” del pasado que tenemos que resolver para entrar, limpios de rencores estériles, en la nueva dimensión a la que hemos llegado. Los nueve líderes del 1-O encarcelados tienen que poder volver a casa cuanto antes mejor. Ya hace más de dos años que están encerrados y el castigo que han pagado -ellos y sus familias- ya ha tenido el efecto ejemplarizante que buscaba la sentencia del Tribunal Supremo. La vía unilateral a la independencia ha quedado descartada por siempre jamás.
Acogiéndose a las prerrogativas del segundo grado penitenciario, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pueden empezar a salir a la calle a partir de esta semana. La aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario puede acelerar la excarcelación de los políticos presos si acreditan que tienen un trabajo en el exterior. Pero la clave es la modificación del Código Penal para ajustar la tipificación del delito de “sedición” y permitir que Oriol Junqueras, que no saldría hasta finales del año próximo, también pueda recuperar pronto la libertad.
En cuanto a los 210 etarras que cumplen penas de prisión, sería un gesto muy agradecido permitir el acercamiento a Euskadi de los 205 que están recluidos en centros penitenciarios alejados de sus casas. ETA dejó de matar en 2009, enterró las armas en 2011 y decidió su disolución el 2018. La dispersión es un castigo para los familiares que los van a visitar y, en tiempos de paz definitiva, ha perdido sentido mantener esta medida punitiva.
