El Parlamento de Cataluña ha ratificado hoy martes que Quim Torra mantiene el acta de diputado, y por lo tanto sigue siendo presidente de la Generalitat, a pesar del pronunciamiento de la Junta Electoral Central (JEC), que decidió la inhabilitación de Torra por haberla desobedecido. Torra ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por lo cual la JEC no se puede atribuir competencias del Alto Tribunal.
Mesa del Parlament ha ratificado punto por punto el informe de los letrados que consta de 45 páginas. Ha obtenido el voto favorable de los grupos independentistas, los Comunes y el PSC. PP y Ciudadanos, por el contrario, han pedido formalmente que el presidente del Parlament, Roger Torrent, empiece la ronda de contactos previa a la elección del presidente catalán.
A pesar de esto, en el informe de los letrados firmado por el letrado mayor, Joan Ridao, y el letrado Antoni Bayona, se deja muy claro que la JEC "no tiene competencia" alguna para declarar la incompatibilidad de un diputado catalán. Además, recuerda en su conclusión, que la JEC tampoco puede decretar una "inelegibilidad sobrevenida". Según el texto del informe jurídico avalado por Mesa, "el acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2020 puede lesionar el derecho fundamental de participación política del diputado Joaquim Torra y Pla".
Además, recuerdan que todavía está pendiente el recurso de casación contra la sentencia penal dictada por el TSJC contra Torra: "Hay que tener presente que, hasta el momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2010, ni sobre las medidas cautelares de suspensión pedidas por el presidente de la Generalitat. La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, además, acordó seguir tramitando el incidente de suspensión. En consecuencia, la solicitud de medidas cautelares se encuentra actualmente en curso, y esto se tiene que tener en consideración a efectos de preservar en todo momento el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", dice el Parlament.
Finalmente, el informe jurídico asegura que "los fundamentos jurídicos de la interlocutoria del Tribunal Supremo del 10 de enero de 2020, y en concreto la remisión específica que se hace a la sentencia, introducen dudas fundamentadas sobre la ejecutividad de los acuerdos adoptados" por la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Provincial en casos como el que han analizado, hasta que no sea resuelto el recurso de protección de derechos fundamentales interpuesto por el presidente de la Generalitat.
