El problema más grande al cual se enfrenta la humanidad en este siglo es, sin duda, revertir la tendencia mundial al incremento de la temperatura, por no haber podido poner límite a la emisión de gases, producto de usar las energías fósiles. Es un conflicto que afecta a la supervivencia de la especie humana y que ya ha afectado a la diversidad de muchas especies animales y vegetales. Es un conflicto que supera los límites de los países y naciones y requiere organizaciones supranacionales para enfrentarse a una gran complejidad en la toma de decisiones.
Hemos presenciado algunos tanteos para llegar a acuerdos a la Cumbre por el Clima, COP 25, celebrada en Madrid en el mes de diciembre, y la constitución del nuevo Parlamento europeo. En los dos lugares se intentaba, y se intenta, llegar a acuerdos que, de alguna manera, afectarán a la governanza de todos los países participantes. Intentar llegar a acuerdos políticos entre diferentes es un embrión de las decisiones políticas federales. Decisiones federales que exigen lealtad, y que los debates encuentren soluciones para avanzar
equilibrando las necesidades de todos y las políticas que necesita cada uno de los países.
Por la carencia de acuerdo en la reducción de las emisiones de CO2 se han aplazado las decisiones de la COP 25 hasta el 2020. Decepción y una brizna de esperanza para el futuro. Por el contrario, el discurso de Ursula von der Leyen anunciando la lucha contra el cambio climático como la prioridad de su legislatura y una ley europea para liderar la transición tecnológica hacia una economía más sostenible sí que nos llena de esperanza. El Pacto Verde de la Comisión Europea propone que el recorte de las emisiones de CO2 se acelere, hasta llegar a disminuir un 55% en 2030 y conseguir emisiones 0 de carbono en 2050.
Esta propuesta no es sólo un brindis al sol, puesto que se acompaña de medidas económicas que penalicen la entrada de electricidad que venga de países que no cumplen las emisiones de CO2, y medidas de penalización económica de las fuentes más contaminantes, incluyendo el sector marítimo, y reduciendo las ventajas que hasta ahora tiene el sector aéreo. No son sólo buenas palabras. Incluye un fondo de transición de 5.000 millones, más una partida de 6.500 millones de los fondos estructurales para movilizar inversiones, que permitan la reconversión de los países de la UE para cumplir los objetivos.
La governanza supranacional del cambio climático es un tipo de ensayo general de una gran orquesta que va afinando los grupos de bajos, contraaltos o sopranos, que al empezar saben que tienen que acabar cantando juntos y juntas una gran sinfonía. El continente europeo cierra filas para cumplir el Pacto Verde en 2030, trabajando los acuerdos con los países que todavía desafinan, como la República Checa, Hungría y Polonia, que dependen demasiado del carbón y no han entendido que está matando a quien lo extrae y a quien respira el humo de su combustión.
Hay buenas noticias que son estimulantes. Durante el año 2019 la energía renovable ha representado un 49,3% de la generación energética en España, cosa que nos convierte en uno de los países líderes que podrá hacer frente a los retos de la UE. También ha sido un éxito el esfuerzo de la participación ciudadana, simbolizada con la victoria de la demanda de la ONG holandesa Urgenda, que ha conseguido ganar en los tribunales la limitación de la contaminación en Holanda. Las palabras de su directora Marjan Minnesma –"Queremos cambiar el mundo, no dar consejos de cómo hacerlo"– pueden ser una buena divisa para la ciudadanía, que ya
se siente responsable de luchar contra la contaminación ambiental.
Una mala noticia es la comprobación de la ignorancia y la estultícia de Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, que en una entrevista en la SER, pronunció unas palabras demoledoras: "Nadie ha muerto de esto". Sorprende la seguridad con que la arrogancia puede esconder la carencia de conocimientos científicos. Precisamente cuando, este pasado agosto, la prestigiosa revista New England Journal of Medicine ha publicado un estudio hecho en 652 ciudades del mundo, que demuestra el efecto mortal de la contaminación del aire, con un incremento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
La Agencia Europea de Medio ambiente, la agencia de los futuros estados federados europeos, ya avisa de que la contaminación produciría 659.000 muertos al año, 30.000 de ellas en España. Tenemos la ciencia y tenemos un gran plan estratégico europeo. Ahora falta que funcione la governanza federal multinivel.
