El pacto entre el PSOE y Podemos pasa de puntillas por la crisis catalana

El acuerdo incluye subir los impuestos en las rentas más altas, derogar la reforma laboral y sustituir la 'ley mordaza'
Sánchez e Iglesias

El PSOE y Podemos ya tienen un acuerdo de gobierno a la espera de la investidura de Pedro Sánchez como presidente español. Este lunes por la tarde, los líderes de las dos formaciones, Sánchez y Pablo Iglesias se han encargado de presentar el acuerdo, que tiene 49 páginas e incluye todo un programa de gobierno que pasa de puntillas por la crisis catalana y dedica mucho espacio a políticas sociales, como derogar la reforma laboral o regular el mercado de alquiler y medidas contra el cambio climático y la violencia machista.

Así, el PSOE y Podemos pactan derogar los puntos más polémicos de la reforma laboral, como el despido por absentismo por bajas por enfermedad. También acuerdan aumentar el salario mínimo, que ya fijaron por decreto ley en 900 euros mensuales. Sobre el alquiler, se comprometen a fijar un techo a las "subidas abusivas del precio del alquiler". El acuerdo también contempla un aumento del IRPF para las rentas más altas: dos puntos a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro por las de más de 300.000.

El documento incluye la promesa de una nueva ley de seguridad ciudadana para sustituir la llamada "ley mordaza". PSOE y Podemos también quieren regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas, derogar la ley de Educación LOMCE y hacer una de cambio climático con el objetivo que en 2050 toda la electricidad sea de origen renovable. Sánchez e Iglesias aseguran que son acuerdos para toda la legislatura y que los presupuestos se redactarán tomando como base este documento.

Sobre Cataluña, en la comparecencia no han hablado del tema, el acuerdo dedica tres párrafos al conflicto y se compromete a abordarlo "impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual". En cuanto a medidas concretas, el documento cita el traspaso de las "competencias pendientes ya reconocidas en el Estatuto" en materias como la gestión de becas universitarias o el salvamento marítimo. Proponen también un nuevo acuerdo de financiación de todas las comunidades autónomas.

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