Llega la hora de la verdad para la asamblea más complicada que una junta directiva del Barça ha afrontado en muchos años. Josep Maria Bartomeu se ve obligado a convocar pronto una asamblea extraordinaria en la cual, monográficamente, planteará cambiar de una manera radical las reglas de juego que él mismo propuso hace cinco años para desarrollar y financiar el Espai Barça. Dicho de otro modo, puede ser que Bartomeu y su junta se jueguen acabar el mandato antes de tiempo si no son capaces de sacar adelante un Espai Barça que en 2014 era una gran solución económica, y hoy, en cambio, se ha convertido en un problema social y, sobre todo, financiero.
El problema es que Bartomeu prometió construirlo por 600 millones de euros y pagarlo con sólo un crédito de 200 millones a devolver de forma solvente, rápida y sin gravamen para el club, que, además, pasaría a generar 100 millones de euros limpios anuales con el rendimiento y la explotación de las nuevas instalaciones. Por el contrario, se calcula que el Espao Barça sólo se puede afrontar como mínimo con un crédito de 750 millones, a los cuales habrá que añadir intereses y gastos de gestión sin la certeza esta cantidad sea suficiente.
Cómo en todas las operaciones financieras, como un pez que se muerde la cola, el endeudamiento brutal y necesario anula cualquier posibilidad de rentabilizar la inversión con nuevos ingressos. Al club no le queda ninguna otra salida que comprometer los beneficios futuros de un estadio de cinco estrellas, con una oferta excepcional en cuanto a accesos, parking, visibilidad, restauración y cátering, zonas vip, confortabilitat, etc., para devolver el súper préstamo imprescindible para arrancar la obra y acabarla algún día.
La lectura social contraria a los intereses de la junta esgrime dos argumentos de peso. El primero, la apariencia de incumplimiento de los acuerdos aprobados en referéndum –primavera de 2014– cuando se fijó el coste en 600 millones de euros y una financiación dividida en 200 millones provenientes de los title rigths, 200 millones del ahorro de 50 millones durante cuatro años –entre 2015 y 2019- y, finalmente, 200 millones de crédito bancario que, sobradament, se podían devolver con comodidad, entre otras cosas porque ya se habría iniciado la nueva, millonaria y provechosa explotación del que será el nuevo Camp Nou.
Y el segundo factor adverso, la maniobra hasta cierto punto perversa de la junta de cambiar lo que se votó en referéndum en una asamblea, cosa que estatutariamente es legal pero que no deja de ser como hacer trampas al solitario. Los socios quizás no olvidan que fue esta junta la que convocó un referéndum apelando a la perfección democrática del FC Barcelona y, sobre todo, para asegurarse que ninguna junta, en el futuro, pudiera alterar el Espacio Barça tal como fue concebido y aprobado por la mayoría de los socios.
Los planes previstos descarrilaron por culpa de una inflación incontenible, porque la aprobación del plan urbanístico costó años de negociación y una inversión millonaria extra a favor del barrio de les Corts y porque, al fin y al cabo, el club no ha conseguido el patrocinador de los title rigths del nuevo estadio. Los 200 millones que, se aseguró, serían incluso más, casi 300 millones por el apellido del futuro Camp Nou, ni están ni se esperan. Y los socios del Barça, cada vez más descontentos, frustrados en parte y hartos de promesas incumplidas, son los que ahora tienen que aprobar convertir la esperanza de nuevos ingresos en una deuda que el Barça tardará muchos de años en pagar. La asamblea extraordinaria será de las más trascendentes.
