En el mundo, 70 estados continúan criminalizando las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo y las personas con identidad de género o expresión de género no normativa. La International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), que elabora cada año un mapa de los derechos LGTBI, recoge este año que 11 de estos estados los persiguen con la pena de muerte; 26 con penas de prisión de entre diez años y cadena perpetua; 31 con penas de prisión de hasta ocho años, y dos estados los persiguen penalmente.
De los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, encontramos países beligerantes con la orientación sexual y la identidad y/o la expresión de género, como por ejemplo el Arabia Saudí, el Vaticano o Rusia. En 32 estados miembros de las Naciones Unidas se han establecido disposiciones que limitan la libertad de expresión de las personas, incluyendo leyes de propaganda que prohíben la promoción de la homosexualidad o de las relaciones sexuales no normativas.
El panorama es preocupante, pero esperanzador. Los derechos humanos para las personas LGTBI no se han desarrollado en todas partes, igual que pasa con otros colectivos o incluso con la mayoría social,:las mujeres. En los últimos años, siete de los estados que perseguían penalmente al colectivo lo han despenalizado, y en muchos lugares van avanzando los derechos en diferentes ámbitos. Actualmente, 123 estados miembros de las Naciones Unidas reconocen los actos sexuales consensuados entre persones adultas del mismo sexo como legales.
Una de las cuestiones que han centrado la atención del movimiento ha sido el reconocimiento del matrimonio igualitario: actualmente hay 27 estados que han reconocido esta unión en su legislación. A pesar de ser un número pequeño, el avance desde 2001 –año en qué los Países Bajos hicieron este reconocimiento– es importante.
En Catalunya tenemos, desde el año 2014, la Ley de garantía de los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, que fue un avance importante. Una ley que se coció al amparo de la complicidad entre el gobierno progresista y de izquierdas y las entidades de derechos LGTBI entre 2007 y 2010. Esta ley, sin embargo, pese al consenso, estuvo unos años parada y se encuentra en pleno desarrollo reglamentario
Actualmente, Catalunya cuenta ya con una red pública de 74 Servicios de Atención Integral a las personas LGBTI. A pesar de los progresos, la violencia contra las personas LGTBI se mantiene. La LGTBI-fobia sigue discriminando, pero también toma forma de agresión violenta, con asesinatos de personas con orientación sexual o identidad de género
no normativa y de activistas por los derechos LGTBI. Un ejemplo de esta violencia son las violaciones correctivas a lesbianas o las palizas brutales, secuestros, torturas y asesinatos al colectivo LGTBI, que, de forma mayoritaria, son permitidos y quedan sin investigar.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en países como Chechenia, donde se lleva a cabo la constante violación de los derechos humanos e incluso hay –a pesar de que el gobierno lo niega– campos de concentración para hombres gays. O las amenazas que recibieron las participantes a la Conferencia Europea de Lesbianas de Kiev de 2018, que sufrieron acoso por parte de la ultraderecha católica y las participantes se tuvieron que refugiar durante tres días en el hotel. Las personas trans están en el centro de muchas de estas agresiones. Según datos publicados por TvT (Trans Respect Versus Transphobia), entre el año 2008 y 2019 en el mundo fueron asesinadas 3.314 personas transsexuals o transgènero, 331 en el último año.
Actualmente hay 3,1 millones de personas demandantes de asilo en el mundo, protegidas por el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según destaca el Organization for Refuge, Asylum & Migration (ORAMOS), la mayoría de las personas LGTBI que se encuentran en situación de refugio son invisibles. El punto 23 de los principios de Yogyakarta –29 principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género– recoge los derechos y las recomendaciones específicas respecto a esta cuestión.
El apoyo institucional en el ámbito internacional es amplio, los avances legislativos son muchos, pero las asignaturas pendientes son múltiples y hay que seguir atentas en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI desde una perspectiva amplia que no olvide la diversidad.
