El gobierno en funciones de España ha acordado el planteamiento de dos incidentes de ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional contra sendos acuerdos del Parlamento de Cataluña, con el objetivo de tumbar la tramitación de una moción que planteó la CUP el 29 de octubre.
La moción pretende instar el gobierno de la Generalitat a ejercer la autodeterminación, pidiendo a la cámara catalana que exprese una "voluntad de ejercer de manera concreta el derecho de autodeterminación". Además, pide la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, por la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes del proceso.
La ministra y portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que la moción incumple sentencias y providencias del Constitucional sobre la cuestión. Según Celaá, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y los miembros de Mesa eran conscientes de estar incumpliendo las resoluciones del Constitucional al admitir la moción de la CUP, y evidencian una pretensión de lograr la independencia.
