La Fiscalía del Tribunal Supremo descarta reclamar la entrega de la exconsejera Meritxell Serret y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, revela El Confidencial. El motivo es que considera que el delito más grave que pudieron cometer es el de desobediencia, que sólo se castiga con multa e inhabilitación, por lo que no estaría justificada una orden europea de detención como la que ha vuelto a remitir recientemente a Bélgica el juez instructor del caso, Pablo Llarena, contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La decisión afecta a Serret, a quien la Fiscalía estima que podría corresponder una pena parecida a las que se ha impuesto a los también exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, pero no los también exconsejeros establecidos en el extranjero Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
En cuanto a Anna Gabriel, se le atribuye una responsabilidad similar a la de su excompañera de bancada Mireia Boya, que está pendiente de ser juzgada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la causa que afecta los miembros de Mesa del Parlamento. Nunca se llegó a emitir una euroorden contra Gabriel, como sí que se hizo durante la instrucción del Supremo contra los exconsejeros que se marcharon al extranjero para evitar la acción de la justicia española.
No obstante, se mantiene vigente la orden de detención en España contra Serret y Gabriel motivada por el hecho de no haber acudido a las citaciones judiciales, añade El Confidencial, de manera que si regresaran, serían detenidos, declararían y quedarían en libertad.
El abogado Gonzalo Boye, que representa al expresidente Puigdemont y a los consejeros huidos, ha explicado en una entrevista concedida a RAC1 que la novedad procedente del Supremo abre "un nuevo escenario" que están estudiando.
