El diputado del PSC en el Parlament Carles Castillo. A pesar de que los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, insisten desde el lunes en que no se dan las condiciones para aplicar la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en Catalunya, nunca lo han descartado. El Gobierno ha planificado al detalle la LSN. Pero esto no significa que la active. Sólo lo hará si se les escapa de las manos el control del orden público. Desde la Moncloa y no desde el Ministerio del Interior, se ha contactado en las últimas semanas con mandos policiales y, también, con los socialistas catalanes. Pedro Sánchez tiene muy en cuenta la opinión de Miquel Iceta. De activarse la LSN, el PSC defiende una versión suave limitada a la coordinación de las diversas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales forman parte los Mossos d'Esquadra. Y también la Guardia Urbana de Barcelona de Albert Batlle a pesar de que, de momento, intentan pasar desapercibidos. La aplicación de la LSN no supondría el cese del comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que se mantendría en el cargo.
El hombre de Pedro Sánchez y Miquel Iceta para qué se encargue de la función de enlace entre el Gobierno y los mandos policiales en Catalunya no es un alto cargo de Interior, ni siquiera de la Policía Nacional o de la Guardia Civil: es un diputado socialista del Parlament, el tarraconense Carles Castillo, especializado en temas de seguridad. Castillo mantiene buenas relaciones con los dirigentes independentistas, especialmente con el ex consejero condenado Quim Forn, de quien es amigo. En marzo del año pasado, incluso visitó a Oriol Junqueras cuando estaba en la prisión de Estremera (Madrid).
El consejero de Interior, Miquel Buch, y su número dos, Brauli Duart, conocen la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la LSN. Saben que ahora no se dan las condiciones para aplicarla pero que no titubeará a hacerlo si los Mssos muestran dudas en la contención de las protestas por la sentencia del procés. Los responsables de Interior ya han mantenido reuniones con emisarios del presidente Sánchez sobre el alcance que tendría la aplicación de la ley de seguridad nacional.
