El dato que nos ronda es una herida profunda: el 24,7% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya según la tasa AROPE y el 21,3% después de hacer las transferencias sociales según los últimos datos del Idescat. Lo que equivale como mínimo a más de un millón y medio de personas que viven en la pobreza.
Nos encontramos en una situación de convulsión política y social junto con una alta estigmatización de las personas en riesgo de exclusión. El debate actual sobre la supuesta inseguridad ciudadana pone en el centro de la solución más dinero para más vigilancia y policía, mientras se suceden los desahucios, la pobreza aumenta y la extrema pobreza es una realidad dolorosa que ha aumentado últimamente. Se culpabilitza a diario a la pobreza pero no se incide en sus causas y, por lo tanto, se gasta dinero de forma estéril para mantenerla tal cual. En cambio, las políticas sociales y las medidas de redistribución de la riqueza para acabar con estas grandes desigualdades que tenemos en nuestra sociedad son la única salida al callejón sin salida.
El escenario cotidiano es el de la progresiva pérdida de puestos de trabajo remunerado con condiciones laborales dignas, la precarización creciente del mercado de trabajo (con las sucesivas reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PP y del PSOE y bendecidas por la patronal) con un crecimiento de la digitalización de los procesos productivos y la progresiva implantación de la inteligencia artificial que provocan cada vez más la desaparición de miles de puestos de trabajo y, paralelamente, presenciamos la carencia de visibilidad y de valor económico de los trabajos de cuidado de las personas que, de forma muy mayoritaria, son sostenidos por las mujeres.
Mientras somos testigos de los muchos centenares de miles de personas que sufren esta realidad ¿cuáles son las respuestas políticas y los instrumentos para frenar y parar esta sangría social? Hace dos años por unanimidad se aprobó en el Parlamento de Catalunya la Renta Garantizada Ciudadana (RGC) después de una acción unitaria de muchas entidades al presentar una ILP que hiciese realidad lo que garantiza el Estatuto de Autonomía de 2006 y que se venía reclamando sobre todo después de unos recortes históricos que se iniciaron por parte del Gobierno presidido por Artur Mas en el verano de 2011. La RGC pretendía superar a la de por si miserable (en cuantía y cobertura) Renta Mínima de Inserción.. La propuesta pretendía acabar con la pobreza y muchos pensábamos que tal vez podría ser una transición hacia una Renta Básica universal e incondicional. Nada más lejos de la realidad.
La RGC era una propuesta consensuada por entidades y agentes sociales que en su trámite por el Parlament sufrió ya una serie de recortes y de retrasos en su proceso que le hizo perder parte de su espíritu y de la amplitud de miras inicial y de apoderamiento personal y económico de las personas que es lo que seguramente querían las más de 125.000 firmas recogidas y las docenas de entidades, sindicatos y partidos que apoyaron a la mencionada ILP. Hay que remarcar que desde que se puso en marcha hasta finales de agosto de 2019, más de 169.000 personas la han solicitado y sólo la han recibido 76.048. Si tenemos en cuenta, que hay más de un millón y medio de personas en Catalunya que viven bajo el umbral de la pobreza nos podemos hacer una idea de la ínfima cobertura de esta prestación.
A estas alturas y después de un periodo de dos años podemos decir, con rotundidad -tal como ya lo están haciendo entidades agrupadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la coordinadora de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)- que la RGC no logra los objetivos como herramienta para asegurar unos ingresos mínimos a toda la población y hay que avanzar para asegurar definitivamente una garantía de rentas de cariz universal.
Es evidente que cualquier propuesta de garantía de rentas que no tenga una visión de universalidad tal como la sanidad o la enseñanza será del todo incompleta y quiebra. La condicionalidad a un control de ingresos genera trampas de pobreza y estigmatización de quien la recibe, como nos muestra la misma realidad. Los hechos son tercos y nos muestran una vez más que tenemos que aprender de los errores cometidos.
La RB es una asignación incondicional por el hecho sólo de ser ciudadano o ciudadana de un territorio y sin ninguno otro requisito añadido. Con una reforma fiscal que recaiga en el 20% más rico, es perfectamente viable su financiación como han demostrado algunos estudios hechos por economistas de la Red Renta Básica.
Sobre la mesa ya hay, desde hace muchos años, una propuesta viable. El mes de mayo de 2002 el Parlament de Catalunya debatió una proposición de ley de la Renta Básica. La RGC ya ha devenido una herramienta fallida. Hay que dar paso a la Renta Básica incondicional para garantizar el derecho a la existencia y vía de acceso a la libertad.
