La DGAIA se hace el sordo en Girona

El equipamiento de la Misericordia sufre sobreocupación, pero la Generalitat lo niega
Centro de la Misericordia de Girona.

Lo han denunciado los sindicatos, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), los trabajadores.., pero la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, se hace el sordo. No quiere oir a hablar de masificación, peleas o violencia contra los educadores. En definitiva, no quiere oir hablar del centro de la Misericordia en Girona. "Es el centro paradigmático de la mala praxis por parte de la Generalitat. Dicen, sobre el papel, que los centros ideales tendrían que ser pequeños, de unas 10 personas, pero continúan manteniendo el de Girona, con 100 plazas", explica David Rodríguez, del sector social de la CGT, sindicato que ha denunciado reiteradamente la situación en que se encuentra el centro de la Misericordia.

Para la CGT es una vulneración reiterada de los derechos de estos menores, que esconde un trasfondo más turbio: el negocio de los centros concertados de menores tutelados. El Síndic de Greuges, por su parte, ha hecho cuatro resoluciones en los últimos años por vulneración de derechos, pero la Generalitat siempre responde con el silencio, esperando y esperando que el conflicto se diluya. "Es un macrocentro que vulnera reiteradamente los derechos de atención a los menores y les maltrata institucionalmente", afirma David Rodríguez. "Se denunció incluso a través del Síndic de Greuges, pero la Generalitat dice que son dos centros: el de la Misericordia y la Oikia, que son dos edificios anexos que comparten todos los espacios. Estamos hablando de 100 plazas, un macrocentro. El límite para que no haya maltrato institucional es de 10 niños, pues imagínatelo", asegura David Rodríguez.

El macrocentro de Girona siempre ha estado rodeado de polémica, desde su ubicación hasta el proyecto de división en pequeños centros, "pero todo va a quedar en nada, en una declaración de intenciones paralizada desde hace unos diez años. No toman ninguna medida concreta y anulan cualquier intento de solucionarlo. Dicen que son dos centros, pero en realidad es sólo uno con un centenar de menores", explica el representante de la CGT. "Si tienes 40 plazas es que hay 40 camas, pero si tienes 44 personas es que tienes cuatro durmiendo en plegatines. A medida que vas incrementando las plazas se van reduciendo las oportunidades para la educación y formación de estas personas".

La masificación afecta los menores, pero también a la plantilla de los trabajadores. Tener más niños no implica un refuerzo de la plantilla del personal que se hace cargo, y en los casos que se ha contratado más profesionales, como por ejemplo en las vacaciones, cuando los menores no tienen escuela, no son los perfiles más adecuados. "Para suplir las vacantes han cogido monitores de ocio para hacer de educadores sociales y no tienen ni la preparación ni los recursos, es sólo para cubrir el expediente… Pero quien acaba pagando esta improvisación de la Generalitat son los mismos menores. Es un pez que se muerde la cola: hay conflictividad contra el personal, que se quema y se marcha, y esto provoca que haya una gran volatilidad en la plantilla. Los chavales asumen que nadie es quiere y se rebotan. Y volvemos a empezar".

La Generalitat afirma, oficialmente, que los centros idóneos tienen que tener una capacidad de ocho a diez menores, con una plantilla estable de educadores con los cuales puedan establecer lazos afectivos y de relación que los refuercen. Nada más lejos del que pasa en  la Misericordia. "Lo que han hecho es un orfanato, un gueto lejos del centro de la ciudad, donde los chicos sólo se relacionan entre ellos –explica David Rodríguez–. Los perfiles del macrocentro son muy complicados, y si los pones todos juntos se igualan por arriba, y los más fuertes imponen una estructura semicarcelaria".

La CGT y el Síndic de Greuges denuncian que el trasfondo es económico, un ahorro de dinero que se refleja en plantillas poco preparadas y sobreexplotación del centro, todo en detrimento de los menores. "Es un gran negocio –explica David Rodríguez–: subrogan puestos de trabajo, aumentan las ratios… pero así no se puede trabajar, y menos con un material tan sensible como los menores. Se tiene que cuestionar todo el sistema, no puedes cargarte el futuro de alguien basándote en planteamientos económicos".

Las plazas en los centros de acogida se pagan a 4.500 euros mensuales por cada niño, un negocio redondo en el caso de los centros concertados, que hace que crezcan como setas las fundaciones o cooperativas que gestionan estos centros. Los menores se han convertido en un negocio del cual, auspiciades por la Generalitat, algunas entidades privadas sacan un gran beneficio.

LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DEL Nº 1362 DE EL TRIANGLE

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