El departamento de Interior de la Generalitat ha negado que el gobierno catalán haya formulado ninguna petición de penas de cárcel para las nueve personas que intentaron evitar el traslado de los dirigentes del proceso de la prisión de Lledoners a Madrid, antes del inicio del juicio en el Tribunal Supremo.
El diario El Món había publicado que el gobierno de Quim Torra pide prisión para los nueve activistas a los que denunció, pero Interior asegura que es mentira y que no se ha presentado ningún escrito de acusación que concrete una petición de penas.
El departamento que encabeza el consejero Miquel Buch, eso sí, ha manifestado que la Generalitat se ha personado en la causa para facilitar la defensa jurídica de los agentes de los Mossos d'Esquadra, y ha añadido que actuaciones como esta a favor de funcionarios, como los mossos que causaron baja, no son susceptibles de recibir ni la aprobación ni el veto gubernamental. La denuncia de la Generalitat atribuye a los activistas la comisión de delitos de robo, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes.
Los nueve de Lledoners, por su parte, se consideran víctimas de un "montaje policial". Aseguran que "los hechos de los que nos está acusando la policía no tienen nada que ver con lo que pasó". "Lo que no tiene ningún sentido es que por un lado digan que hablan de libertad, que hablen de la libertad de los presos políticos y contra la represión, y después la Generalitat se persone contra nosotros", se ha quejado uno de ellos en declaraciones al Telenotícies de TV3.
El último comentario es una alusión al discurso habitual de las fuerzas políticas impulsoras al proceso. De manera destacada, el presidente Quim Torra alentó a los CDR a presionar y a luchar por la independencia a las calles: "Apretáis, y hacéis bien apretando".
Porras en Sants
Esta no es la única controversia que afecta a los Mossos y el departamento de Interior durante las últimas horas. Agentes de la policía catalana han repartido golpes de porra para disolver una concentración de personas que había frustrado un desahucio en el barrio de Sants, en Barcelona.
Los activistas antidesahucios del Grup d'Habitatge de Sants han denunciado en las redes la contundencia empleada por los mossos, lo mismo que ha hecho el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que además ha apuntado hacia JxCat, el socio de gobierno de su formación, puesto que controla la consejería de Interior: "Qué vergüenza. La lealtad a un gobierno también es exigir explicaciones ante esto. Y debemos exigirlas".
Desde la CUP, figuras como la diputada Maraa Sirvent y la exdiputada Eulàlia Reguant recordaron que JxCat y ERC vetaron la comparecencia de Buch ante la comisión parlamentaria de Interior, solicitada por los cupaires.
