Si algún mérito o virtud no se le puede negar al movimiento independentista es la capacidad que han tenido y tienen algunos de sus miembros para pervertir el lenguaje. La sensación que tengo, sin embargo, es que esta tendencia, lejos de ir a la baja, va a al alza. Los dirigentes independentistas exigen que la única respuesta posible a la sentencia del proceso es la absolución. No seré yo quien diga cual tiene que ser la sentencia que tiene que dictar el poder judicial, pero ¿convocar un referéndum de autodeterminación subvirtiendo el orden constitucional y que dirigentes políticos desobedezcan resoluciones judiciales, no merece ser juzgado? La desobediencia civil que líderes como Jordi Cuixart propugnan es bastante peligrosa. En otras palabras, las leyes que regulan una sociedad concreta las han redactado y aprobado los diputados de una determinada cámara política, y estos a su vez han sido escogidos de forma democrática por los ciudadanos. Por tanto, no cumplir la normativa implica verse expuesto a una sanción.
No hay democracia sin leyes. Las leyes son modificables, sólo faltaría, pero siguiendo los mecanismos legales y respetando los derechos de las minorías. Tal como afirmó el sindicalista y exdiputado Joan Coscubiela durante los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 "fines y medios no son cosas diferentes".
La aprobación de las leyes de desconexión durante aquellas tristes sesiones fue el punto de inicio de la actual deriva del gobierno catalán, que aún no ha renunciado a la vía unilateral. Cuando un gobernante como Quim Torra, en un régimen democrático como el nuestro, homologable al de países europeos como Alemania o el Reino Unido (España es la quinta democracia plena del G-20 según Democracy Index 2018 que elabora el diario TheEconomist ), apela a la desobediencia de las leyes coloca a Catalunya en una situación de caos absoluto. ¿Con qué criterios se pueden obedecer o desobedecer las leyes?
En términos políticos, además, la desobediencia que proponen los secesionistas les coloca en un punto no muy lejano de las tesis de Boris Johnson de cerrar el Parlamento o de los movimientos populistas europeos que en los últimos años están irrumpiendo con fuerza y, en consecuencia, afectan las relaciones geopolíticas a escala mundial. Aparte de esto, resulta muy curioso que haya líderes políticos en el seno del movimiento independentista que hablen de una necesaria respuesta de país. La contradicción en este caso es enorme. La respuesta ante esta resolución judicial no será de país.
¿Se atrevería alguien a afirmar que el proceso ha sido un proyecto político de país? Si este drama político que dura más que la película Bien-Hur no ha conseguido interpelar a estas alturas a más del 50% de la población, ¿alguien es capaz de pensar que el 80% o 90% de la sociedad catalana apoyará una nueva maniobra política de estas características? Los dirigentes processistes tienen una gran habilidad para hacerse trampas al solitario y hacer creer lo que no responde a parámetros reales. Es imposible que la sentencia tenga una respuesta de estas características porque frente a su proyecto político hay media Catalunya que no lo comparte. Esto, sin embargo, no impide que haya muchos electores no independentistas que puedan no ver con buenos ojos una hipotética sentencia dura.
¿Hay solución ante este sudoku tan complejo a corto plazo? Creo que sí, pero para que esto se resuelva hace falta una predisposición de todos los actores políticos y sociales. En primer lugar, sería bueno que los líderes encarcelados reconocieran que no son presos políticos y que, en consecuencia, están en la prisión por sus actuaciones políticas y no por sus ideas; que se saltaron la legalidad y que no lo volverán a hacer. Esto, además, tendría que ir acompañado de un nuevo discurso por parte de los políticos catalanes que actualmente están en la Generalitat y que, como parte fundamental de los poderes públicos, acatarán la legalidad y abandonarán de forma definitiva la vía unilateral.
Y en segundo lugar, que haya un gobierno progresista en España que rebaje la tensión política y no añada más leña al fuego. Esto, además, permitiría buscar una solución pactada y dialogada siempre y cuando las dos partes estén dispuestas a ceder en algunas cuestiones. Todo esto, a grandes rasgos, permitiría reconducir mínimamente la situación, reconectar las dos Catalunyas y que los independentistas dejaran de jugar con el lenguaje.
¿Es pedir mucho todo esto?
