La consejera de la Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, ha evitado hacer una valoración de determinadas declaraciones y comportamientos controvertidos de miembros del gobierno correspondientes a este mes de agosto.
Preguntada este martes por la imagen que proyecta el gobierno catalán a partir de estos hechos, Budó ha esgrimido que eran "observaciones" y "apreciaciones personales" del periodista que "no nos toca responder como gobierno".
La pregunta se refería no sólo a las manifestaciones con las que presidente Quim Torra había asociado a la Divisón Azul con España, a que la consejera Teresa Jordà no haya recibido a los afectados por los incendios y se haya hecho una foto con una cerveza etiquetada con un "Fuck Spain", y a las sospechas difundidas por Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, sobre la detección de una bomba de la Guerra Civil en una playa de Barcelona.
También se ha pedido a la consejera que se pronunciara sobre la burla expresada por un dirigente de la ANC sobre el accidente mortal de un piloto del ejército español, pero Budó ha rechazado referirse a ninguna de estas cuestiones.
En cambio, ha anunciado que el gobierno catalán ha acordado emprender acciones legales contra el gobierno de España por el impago de 1.317 millones de euros "que corresponden a la Generalitat", ha afirmado.
La consejera, eso sí, al referirse a la cuestión, lo ha hecho en términos autonómicos, ya que no sólo ha destacado que comunidades como Castilla y León y Galicia pueden plantear reclamaciones por el mismo concepto al gobierno central, sino que ha expresado que "desgraciadamente" la Generalitat no puede recaudar los "recursos propios" hasta que no se "reformule el sistema de financiación".
