Ser presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) es uno de los chollos más codiciados por la clase política catalana, puesto que comporta una excelente retribución económica, unos 130.000 euros anuales, además de proyección institucional. La ex alcaldesa de Sant Cugat y ex presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, accedió a este cargo ahora hace un año, pensando que le había tocado el gordo de la lotería.
Pero la presidencia de la APB también implica dar la cara por la gestión del puerto de Barcelona y a Mercè Conesa se le han empezado a torcer los números, a causa de la progresiva desaceleración del comercio internacional. En la presentación de los resultados de la APB del primer semestre de este 2019 tuvo que admitir que las exportaciones habían caído un 6%, con especial incidencia en las de automóviles (-9%). Los beneficios de explotación, de 21 millones de euros, también se han reducido un 25% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Además, a Mercè Conesa la persiguen los fantasmas del pasado. La fiscalía ha abierto una investigación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Sant Cugat donde, durante su gestión, se produjo un abuso en las adjudicaciones y contrataciones directas, sin pasar por el preceptivo concurso. El nuevo consistorio, que preside Mireia Ingla (ERC), ha facilitado toda la documentación requerida por los Mossos d'Esquadra.
