Última reunión del Gobierno antes de las vacaciones de verano. El encuentro de este jueves ha tenido más contenido administrativo del que es habitual, porque ahora la actividad se parará durante tres semanas.
Una de las principales medidas adoptadas, según han explicado la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el vicepresidente Pere Aragonés ha sido la de impulsar los trámites para calcular el salario mínimo catalán de referencia. Una iniciativa que ya fue anunciada por Aragonés el 19 de julio.
Los departamentos de Vicepresidencia y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias serán los encargados de impulsar los trabajos técnicos necesarios para obtener una "estimación" del salario mínimo catalán de referencia.
El cálculo se hará en términos de nivel de vida y equidad salarial. El acuerdo de Gobierno también prevé que, una vez obtenida la estimación, se evalúe la incidencia de su implantación. Esta incidencia también tendrá en cuenta el coste que tendría para la Generalitat. El cálculo se tiene que hacer en los próximos tres meses.
Una vez pase este plazo, se convocará el Consejo de Relaciones Laborales -con sindicatos, patronales y agentes sociales- para iniciar un proceso de concertación social que permita establecer un salario mínimo de referencia diferenciado para Cataluña.
En todo caso, pero, la Generalitat no tiene competencias para implantar la medida a través de la aprobación de un texto legal -como sí puede hacer el Estado-, de forma que el ejecutivo apuesta para implantar esta medida por la vía de los convenios colectivos. "Las competencias son del Estado", ha admitido Aragonés, que ha pedido superar esto "por la vía del acuerdo".
