El Consorcio de la Escuela Técnica de Igualada (CETI), disuelto el año pasado y que estaba formado por la UPC, el Ayuntamiento de Igualada y la Generalitat, fue investigado por unas 300 facturas a nombre de varios dirigentes y profesores con posiciones de responsabilidad del campus universitario de Igualada que ascendían en total a unos 370.000 euros, según ha publicado este lunes el diario Ara.
Eran facturas mensuales emitidas entre los años 2012 y 2015 por valor de entre 700 y 2.500 euros, la mayoría de las cuales justificadas tan sólo con el concepto genérico de "colaboración técnica" y guardadas con nombres como "extra junio".
Según la documentación, las dos personas que habrían recibido más dinero de manera poco justificada eran el director del consorcio y profesor de la UPC, Lluís Ollé (67.000 euros), y la directora de la Escuela de Ingeniería de Igualada y entonces concejal de Enseñanza y Universidades del Ayuntamiento, Anna Bacardit (71.000 euros).
Una denuncia anónima puso a la UPC sobre la pista e hizo que la Secretaría de Universidades de la Generalitat abriera una investigación, que concluyó que no había irregularidades. La UPC hizo su propia investigación y suspendió un mes de sueldo y trabajo el director del CETI, Lluís Ollé, argumentando que había una incompatibilidad entre su trabajo en el campus y el hecho de ser accionista de una empresa con contratos con la universidad. De entre las facturas, hay 17 que van a nombre del hijo de Ollé.
Las conclusiones de la investigación se anunciaron a los profesores y a las administraciones que formaban parte del CETI (Generalitat, UPC y Ayuntamiento de Igualada, donde la regidora de Universidades ya era la actual consejera de empresa y Conocimiento, Àngels Chacón), sin que se derivara ninguna otra actuación.
El Ayuntamiento de Igualada, que preside Marc Castells (JxCat) ha respondido estas informaciones con un comunicado donde reconoce que "conoció esta situación cuando se investigó" y remarca que "esta investigación interna que hizo la UPC concluyó, en su momento, que todo era correcto y no se había producido ninguna práctica ilegal o inadecuada". En caso de que se constataran malas prácticas en la gestión del consorcio, el Ayuntamiento asegura que "sería el primer interesado a aclararlo y en pedir explicaciones".
