El conflicto que tienen planteado los independentistas catalanes contra el Estado español está condenado al fracaso. Del mismo modo que ETA llegó ya hace años a la conclusión que el camino de la lucha armada para conseguir la secesión no llevaba a ninguna parte -y, además, provocaba un enorme y estéril dolor-, el núcleo duro procesista tiene que asumir que el referéndum por la independencia, que es el objetivo final de su estrategia, también es inviable.
Y que conste: en ningún caso quiero equiparar la violencia etarra con el movimiento independentista catalán -¡Dios me libre!-, declaradamente pacifista, aunque de vez en cuando genere disturbios reactivos aislados. Solo el objetivo final -y no el método- hermanaba a los gudaris terroristas y a los independentistas catalanes: la escisión de una parte del territorio del Estado español (y del francés, si se tercia) para hacer otro Estado.
En el mundo del siglo XXI -y esto, Carles Puigdemont, que es un gran aficionado a las nuevas tecnologías digitales, lo sabe muy bien- los paradigmas del poder han cambiado. Los gobiernos de todo el mundo están aprovechando los adelantos tecnológicos para desarrollar intensivos, exhaustivos e invasivos sistemas de control sobre la población. La profecía orwelliana del Gran Hermano se está cumpliendo de manera fehaciente.
Con la excusa de la seguridad, las personas estamos cada vez más monitorizadas y supervisadas, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto va a más, con la multiplicación de las cámaras de videovigilancia, la implementación de sofisticados sistemas de identificación, el almacenamiento de la huella de nuestras comunicaciones, la interconexión de las bases de datos.., de forma que todos hemos acabado prisioneros del big data.
En este contexto, la secesión de Cataluña ha entrado en un cul-de-sac. Las guerras de hoy -y el conflicto Cataluña/España iniciado en 2012 no deja de ser una guerra- ya no se dirimen con armas convencionales. Los servicios de inteligencia, la construcción mediática de marcos mentales, el control de las telecomunicaciones, el dominio del big data, el poder judicial (lawfare)… son los nuevos campos de batalla.
Y aquí, la derrota ha sido implacable. Durante los convulsos meses del otoño del 2017, el Estado español intervino el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), el cerebro central desde el cual se estaba implementando el proyecto independentista, y desde entonces lo mantiene bajo estrecha vigilancia, de manera que ninguno de sus directivos y empleados osa ultrapasar sus funciones estrictas.
En época de Artur Mas, cuando empezó todo, la Generalitat hizo una ingente inversión de más de 1.000 millones de euros –adjudicados a empresas de confianza, entre las cuales destacaba T-Systems- para convertir el CTTI en el búnker secreto que tenía que servir para blindar y acelerar toda la infraestructura procesista, que culminó con la consulta del 9-N del 2014 y el referéndum unilateral del 1-O del 2017.
Pero las autoridades judiciales y policiales españolas detectaron el rol fundamental que tenía el CTTI en el despliegue de la conspiración secesionista y procedieron a intervenirlo, imputando a su director de Estrategia e Innovación, Josuè Sallent, y a los responsables TIC de varios departamentos de la Generalitat, además de la directora de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez Curto. Con el desmantelamiento del CTTI, el núcleo duro del procesismo –aunque mantenga formalmente el control administrativo de la Generalitat- se ha quedado sin su arma más poderosa para continuar planteando batalla.
Desde esta constatación, “No Surrender”, “Lo volveremos a hacer”… son consignas de cara a la galería, pero que no tienen ningún recorrido práctico. Los dos partidos independentistas que comparten el gobierno catalán saben que otro referéndum –siempre que no sea pactado con el Estado, y esto no ocurrirá- es imposible de organizar sin la implicación del CTTI, pero el búnker secreto ha caído y ha quedado neutralizado. Fin del proceso.
