El TC dice que el 6 y 7 de septiembre se vulneraron derechos de la oposición

Cs recurrió la aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión y el tribunal le da la razón
Pleno de la aprobación de la ley del referéndum

El Tribunal Constitucional ha resuelto por unanimidad que durante el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017 en el cual se aprobaron la ley del referéndum y de transitoriedad se vulneró el derecho de participación política de los grupos de la oposición. Esta es la conclusión emitida por el tribunal en sentencia después de que Ciutadans, el partido liderado por Inés Arrimadas en la cámara catalana, pidiera un recurso de amparo.

Respecto de la tramitación de la proposición de ley del Referéndum, el TC señala que los acuerdos del Pleno del Parlamento alteraron el orden del día y suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales previstos para permitir que la iniciativa fuera directamente sometida a debate y votación.

Añade que la Mesa del Parlamento denegó a Ciutadans el traslado de la solicitud del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. El TC aplica la sentencia en la cual declaró inconstitucional y nula la ley del Referéndum. En ella ya se apreciaba "la existencia de vicios en la tramitación parlamentaria de la ley al articular un insólito procedimiento legislativo no previsto en el reglamento de la Cámara", recuerda el TC.

Añade que "la mayoría se sirvió para improvisar y articular ad hoc un insólito curso en el cual quedaban del todo a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados".

Sobre la sentencia sobre los acuerdos para la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república de Cataluña el TC reproduce estos argumentos e insiste que se aprobaron "a través de una vía del todo inapropiada".

Ciutadans alegó que la mayoría parlamentaria rehuyó el procedimiento legislativo desconociendo el derecho de los diputados a tener con 48 horas de antelación la documentación objeto del debate y de la votación, a solicitar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y a pedir la admisión de enmiendas a la totalidad a la proposición de ley, entre otros.

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