El Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento contra Carles Puigdemont y su gobierno, según publica El Mundo para aclarar si se destinaron fondos públicos al 1-O, una votación que también es al epicentro de varias casos en los tribunales.
La causa procede de una denuncia que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanas por la Constitución presentaron al Tribunal de Cuentas contra Puigdemont y su gobierno por los gastos de aquella jornada de votación. Según los denunciantes, Puigdemont y sus consejeros tendrían que pagar 89 millones de euros, un importe donde suman el gasto de la votación y 87 millones correspondientes al despliegue de policías de toda España.
El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas y la gestión del sector público, unió este procedimiento con el que impulsó la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el gobierno de Puigdemont y varios altos cargos por el gasto asociado al referéndum, que en este caso se cifraba en unos 8 millones de euros.
Según El País, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha remitido a la Fiscalía un informe solicitando que se investiguen posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes de la Generalitat por el uso de dinero público en "la ejecución de las políticas de acción exterior" favorable al proceso durante el periodo 2011-2017. El importe bajo sospecha, segundo la misma información, es de 7,3 millones.
En un procedimiento anterior, el expresidente Artur Mas y miembros de su gobierno fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N de 2014, que también había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.