Agentes de la Guardia Civil se han presentado este miércoles en el Parlamento de Cataluña para entregar un requerimiento de información sobre la presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos relacionado con la financiación del 1-O.
La orden procede del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y tiene como objetivo poder analizar si el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, que integraron ERC y el PDECat, destinó subvenciones para organizar y promocionar el 1-O, aunque la consulta fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
En particular se investiga el contrato de alquiler del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), por el que JxSí aseguró que pagó 17.609 euros.