Sáenz de Santamaría y el proceso, retratados por la falsa DUI

La exvicepresidenta reconoce que ignora si se llegó a votar o publicar
Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría

La exvicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado en el Tribunal Supremo que el ejecutivo del que formó parte no consideraba que la declaración unilateral de independencia (DUI) fuera sólo simbólica, pero al final del interrogatorio ha quedado arrinconada por una pregunta sobre el asunto formulada por Olga Arderiu, la abogada de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.

La letrada le ha girado en contra las palabras con las que la propia Sáenz de Santamaría había recordado que si no se publica algo en los diarios oficiales "no tiene efectos". En concreto, le ha preguntado si sabía que la DUI no se llegó a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y que se encontraba en un preámbulo, por lo que no fue objeto de votación en el Parlamento de Cataluña.

La exvicepresidenta se ha aferrado a su versión, según la cual se aplicó el artículo 155 de la Constitución porque el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no había negado que se había efectuado la DUI, pero cuando el presidente de la sala, Manuel Marchena, ha intervenido para pedirle que aclarara si le constaba el acto formal citado por la letrada sobre la DUI, Sáenz de Santamaría ha respondido: "No lo sé".

Por otro lado, después de un primer tramo de interrogatorio más cómodo, se ha visto en dificultades ante las preguntas de los abogados Xavier Melero y Jordi Pina. Sáenz de Santamaría ha atribuido al independentismo varias actuaciones violentas a partir del 20 de septiembre de 2017 ante "prácticamente cualquier actuación" contra el 1-Oentre las cuales ha citado aglomeraciones, "amenazas y coacciones" a alcaldes y regidores, y "murallas humanas" el día de la votación.

Ha reprochado al gobierno de la Generalitat que "sabiendo que podría haber violencia decidieron seguir adelante" y ha recordado que el expresidente Puigdemont podría haberse pronunciado en el Congreso y en el Senado, y no lo hizo. Además, ha señalado que durante sus reuniones con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras este nunca le planteó la reforma constitucional como una vía para poder celebrar el referéndum sobre la independencia.

Sáenz de Santamaría ha atribuido a las informaciones recibidas del ministerio del Interior el haber afirmado que más de 300 agentes policiales recibieron atención médica, una cifra que ha rebajado finalmente hasta los 93, aproximadamente. También ha indicado que su conocimiento sobre episodios violentos proviene de la televisión y de las informaciones de la Delegación del Gobierno en Cataluña y del ministerio del Interior, al que también ha adjudicado la estimación que cifraba en unos 6.000 los agentes enviados en Cataluña.

En cuanto a ese contingente policial, la exvicepresidenta no ha precisado la fuente concreta, dentro de un informe de los Mossos d'Esquadra, a partir de la cual sostenía que podría haber violencia durante el 1-OY ha respondido que no conocía detalles de las instrucciones cuando el abogado Melero le ha preguntado si estaba al corriente de que el juez había indicado a los agentes que tenía que primar la seguridad de las personas por encima de la eficacia en la consecución del objetivo de impedir la votación.

Preguntada sobre si se movilizaban agentes como apoyo o como sustitución de los Mossos, Sáenz de Santamaría se ha limitado a responder que cumplían un mandato judicial y ha evitado pronunciarse sobre decisiones operativas del despliegue. También ha negado haber reprochado deslealtad al CNI porque no localizó las urnas.

La exdirigente popular ha justificado esgrimiendo "hechos violentos" del 20 de septiembre de 2017 el que se desplegaran 6.000 agentes policiales, pero cuando el abogado Pina le ha indicado que el atraque en Palamós de un barco para alojar agentes se solicitó el día 19, Sáenz de Santamaria ha asegurado que no es que la decisión estuviera tomada de antemano, como apuntaba el abogado, sino que el gobierno de España había trabajado previendo escenarios.

El exvicepresidenta ha admitido que los empleados de la Generalitat acataron sin poner trabas el 155, ha afirmado que no tomó en consideración dirigirse a los ciudadanos que resultaron lesionados el 1-O y ha negado, amparándose en el criterio de la Junta Electoral Central, que aquel día tuviera lugar un referéndum: "Políticamente puede decir lo que quiera, jurídicamente es el que es".

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