Este martes ha empezado en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas acusados, entre otros delitos, de rebelión y sedición por la organización del referéndum del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017.
Los 12 acusados, que hacía mucho tiempos que no aparecían en público, se han sentado todos juntos en los asientos centrales de la sala, reservados para ellos, pero una vez se hayan resuelto las cuestiones previas, algunos se sentarán cerca de sus abogados.
Después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, haya abierto el juicio oral, Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, ha sido el primero de intervenir. Ha asegurado que la Constitución española protege la expresión de la disidencia, pero que en este juicio se está criminalizando, y que esto incluye el derecho de autodeterminación.
En su turno, Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn y de Meritxell Borràs, ha pedido que la causa contra el mayor Josep Lluís Trapero sobre los mismos hechos que instruye la Audiencia Nacional, se incluya en esta causa.
Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, ha puesto en entredicho la imparcialidad del juz instructor de esta causa, Pablo Llarena. Pina lo ha dicho haciendo referencia a expresiones que ha usado este juez durante la instrucción, en las cuales se presentaba como víctima, y que esto podría acabar comportando la nulidad de toda la causa.
La sesión se ha retomado por la tarde con la intervención de Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, que ha denunciado que se haya llegado al juicio "sin que el sumario esté completo". El abogado ha denunciado también que se juzga a Cuixart por haber "buscado la adhesión de la ciudadanía a una demanda política de referéndum" y por haber participado en "manifestaciones pacíficas".
La defensora de Carme Forcadell, Olga Arderiu, se ha reafirmado en la idea que el tribunal competente para el caso es el Superior de Justicia de Cataluña y ha remarcado que el idioma no sería un problema allá. La letrada ha hecho notar que, de los miembros de la mesa del Parlamento que van a juicio, Forcadell es la única de la causa que se ha quedado el Supremo.
En representación de Dolors Bassa ha intervenido el abogado Mariano Bergés, que ha denunciado que tuvieron "dos horas para analizar 99 páginas de la interlocutoria de procesamiento" de Bassa o que se les han denegado diligencias.
Judit Gené es la abogada que defiende Meritxell Borràs, y ha asegurado que la acusación popular, que ejerce Vox, no tiene fundamento para acusar su clienta de pertenencia a grupo criminal.
Como han hecho otros defensas, el abogado del ex consejero de Justicia, Carles Mundó, ha manifestado que se les han vulnerado derechos porque la causa ha incorporado elementos de la investigación del juzgado número 13 de Barcelona del cual no son parte.
Ha cerrado la primera sesión del juicio Pau Molins, el abogado de Santi Vila, que ha justificado que su cliente tendría que ser juzgado en Cataluña porque no era diputado y, además, dejó el gobierno antes de la declaración de independencia.
Por otro lado, miles de personas han acudido al llamamiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para movilizarse en todo el país en contra del juicio, con el lema "La autodeterminación es un derecho".
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de "acto de revancha contra un pueblo que decidió decidir" el juicio del 1-O contra los líderes independentistas, al cual ha asistido. Por otro lado, Torra ha reclamado que el ejecutivo de Pedro Sánchez "vuelva a la mesa del diálogo".
