Escándalo monumental en Andorra, en vísperas de las elecciones generales, previstas para el próximo 7 de abril. En el último momento, el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), organismo que preside el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, ha decidido denegar la concesión de la licencia para explotar el primer casino del país a la empresa Jocs SA, ganadora del concurso internacional que se convocó en 2017.
Los motivos formales aducidos por el CRAJ para no dar la licencia son, objetivamente, irrelevantes: una controversia sobre la titularidad registral de la marca Casino de les Valls y la falta de concreción urbanística de un pequeño detalle del futuro edificio del casino. Pero las causas de fondo son mucho más graves y tienen que ver con las sospechas de pucherazo que hay sobre todo el proceso del concurso y la evaluación de los proyectos de las nueve empresas que se presentaron.
La inminencia de las elecciones y el posible cambio político que se produzca en el Principado, después de ocho años de gobierno monocolor de Demócratas por Andorra (DA), también han influido en la sorprendente decisión del CRAJ. Cinco de las empresas que concurrieron al concurso internacional y que resultaron perdedoras han presentado recursos a la Batllia (tribunales) para denunciar las graves irregularidades que, según su criterio, se produjeron en la evaluación de los proyectos. Entre otras “perlas”, el edificio que diseñó el prestigioso arquitecto Norman Foster para una de las candidaturas mereció una calificación de 0 por la comisión de valoración.
La judicialización del concurso ha asustado a los miembros del CRAJ, que temen ser encausados por prevaricación si prosperan las demandas interpuestas por las cinco empresas internacionales (Genting, Cirsa, Barrière, Partouche y Casinos de Austria) y sus socios locales. Si hay cambio de gobierno, también habrá un nuevo fiscal general, que podría decidir investigar a fondo las graves anomalías denunciadas a la Batllia.
Ante este escenario conflictivo, el CRAJ ha decidido anular la adjudicación de la licencia a la empresa que resultó ganadora del concurso convocado por el mismo CRAJ. La situación es surrealista y refleja las fortísimas tensiones que sacuden el Principado.
Los socios de Jocs SA (Ventura Espot, Gilbert Montané, Enric Pujal…) son empresarios muy próximos al partido del gobierno y el asesor jurídico del proyecto es Esteve Vidal, secretario general de DA. Por eso, su irritación con la decisión del CRAJ es máxima y Jocs SA ha anunciado, a su vez, la interposición de denuncias judiciales contra el gobierno de Toni Martí y contra la empresa Lleure 3D, del Roc Blanc. ¡Es la guerra!
Reuniones secretas en Andorra Park
El proyecto del casino de Andorra es un viejo sueño del empresario Gilbert Montané, del poderoso grupo constructor Heracles. Gilbert Montané es el promotor y el impulsor de la empresa Jocs SA, de la cual es vicepresidente.
Según las filtraciones publicadas por el diario digital LA VALIRA, Gilbert Montané es íntimo amigo del jefe de gobierno, Toni Martí, y tuvo un papel muy relevante en la preparación y tramitación del concurso por la adjudicación del casino. De hecho, se sospecha que todo se “cocinó” para que Jocs SA se llevara la licencia.
Hay testigos que certifican las frecuentes reuniones secretas que mantenían Toni Martí y Gilbert Montané en un reservado del hotel Andorra Park durante los meses previos a la resolución del concurso. Según una grabación, de la cual se ha hecho eco OKDiario, el vicepresidente de Jocs SA habría librado, en estos encuentros, unos sobres con dinero al jefe de gobierno.
La publicación de estas filtraciones por el diario digital LA VALIRA ha provocado una gran conmoción en Andorra y ha coincidido con la decisión del CRAJ, presidido por el ministro Jordi Cinca, de anular la concesión de la licencia a Jocs SA. A través del Diari d’Andorra, portavoz oficioso del gobierno, Toni Martí ha anunciado la presentación de una demanda judicial por injurias contra LA VALIRA.
