El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la ley con la que el gobierno de Artur Mas creó un impuesto directo sobre los pisos ocupados. Esta norma, aprobada por el Parlament de Cataluña en julio del 2015, había sido recurrida en 2016 por el gobierno español que presidía Mariano Rajoy, de manera que la ley había quedado suspendida cautelarmente.
En 2017, el gobierno de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont aprobó una modificación del impuesto para remendar la ley suspendida, pero la reforma también fue recurrida el gobierno español.
La sentencia, adelantada por el diario El Español, rechaza dar la razón al gobierno español, que sostenía que el impuesto sobre las viviendas vacías se solapaba con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), de forma que se invadían competencias estatales. El Constitucional, sin embargo, considera que los hechos imponibles del impuesto catalán y el IBI son diferentes.