El escrito de defensa presentado al Tribunal Supremo por la exconsejeraMeritxellBorràs carga el preso de la organización del 1-O sobre el entonces vicepresidente económicoOriol Junqueras.
En concreto, señala que el departamento de Gobernación, que ella encabezó, ya no tenía la competencia en materia de procesos electorales, puesto que había sido traspasada al departamento de la Vicepresidencia y Economía en julio del 2017. También niega que Gobernación destinara dinero público al 1-O aduciendo que las cuentas de la Generalitat estaban bajo control del Estado central.
Borràs desvincula su departamento de los hechos denunciados por la acusación y niega haber cometido malversación de fondos públicos y desobediencia, en este último caso esgrimiendo que no participó en la elaboración de las leyes de desconexión porque no era diputada.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden siete años de cárcel para la exconsejeraBorràs.
