El alcalde de Riba-Roja, Antoni Suárez (PDeCAT) recibió duras críticas de sus homólogos de otras poblaciones de la Ribera de Ebre en la reunión que se celebró, este viernes, en la sede del consejo comarcal, en Mora d'Ebre, para tratar del proyecto de construcción de un gran vertedero de residuos industriales en su población. El Ayuntamiento de Riba-roja continúa tramitando un proyecto que cuenta con la oposición de la mayoría de ayuntamientos de la comarca. 'Ecologistas en Acción' convocó una concentración para protestar por esta iniciativa que reunió a unas doscientas personas ante el consejo comarcal.
Todos los representantes municipales que participaron en el Consejo de Alcaldes se manifestaron en contra del vertedero, salvo los de Ascó, Tivissa y Flix. Tivissa no envió representantes a la reunión mientras que los de Ascó y Flix evitaron posicionarse.
El vertedero, que es una iniciativa privada de la Unión Temporal de empresas Griñó-Urbaser, supondría una inversión de 10 millones de euros, ocuparía unas 34 hectáreas y está previsto que funcione durante 21 años, cree 14 puestos de trabajo y genere unos ingresos para el ayuntamiento de Riba-roja de entre 250.000 y 500.000 euros anuales. El pasado 30 de diciembre, los presidentes de los consejos comarcales de la Ribera d'Ebre y el Priorat, nueve alcaldes, dieciocho regidores, la diputada al Parlament Irene Fornós (ERC) y el senador Miquel Aubà (ERC) firmaron un comunicado donde se oponían al vertedero, que calificaban de 'nueva agresión al territorio'.
Antoni Suárez se comprometió este viernes a no dar ningún paso más en la tramitación del proyecto hasta que no tengan lugar las conversaciones que el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha anunciado con los promotores privados, el consejo comarcal y el Ayuntamiento de Riba-roja. Se da la circunstancia que Suárez es, además de alcalde de Riba-roja, director de los Servicios Territoriales de la consejería en las comarcas del Ebro.
