Este próximo mes de enero está previsto que empiece la vista oral del juicio contra los 12 políticos y líderes independentistas acusados de promover y ejecutar el referéndum del 1 de octubre del 2017, de los cuales nueve están en prisión preventiva desde hace más de un año. A parte, hay siete más que están fugitivos de la justicia española y permanecen en el extranjero, en espera de ver cómo acaba todo.
Sin duda, la evolución de este juicio marcará la actualidad política catalana de los próximos meses y se mezclará con las elecciones municipales y europeas, previstas para el 26 de mayo. La sala del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena será la encargada de dirigir los interrogatorios de los encausados y de emitir la posterior sentencia, que se puede demorar durante unos cuantos meses más.
A medida que los hechos del 1-O se alejan en el calendario y, en especial, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el soufflé independentista se está deshinchando. Buena prueba de ello es el fracaso del paro general programado para el pasado 21 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la reunión del consejo de ministros en Barcelona, que los secesionistas habían previsto convertir en un tour de force al gobierno central y que tuvo una respuesta más bien discreta, muy por debajo de las expectativas.
Es obvio que el conflicto planteado por el movimiento independentista catalán es de cariz político y que su solución no es judicial ni policial. Pero obsesionarse en la convocatoria, sí o sí, de un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente inviable, en una sociedad mezclada como la catalana, profundamente interrelacionada con España desde hace siglos y donde el sentimiento independentista no es aplastantemente mayoritario, es un gravísimo error de cálculo por parte de sus promotores.
La independencia no es factible, y menos en el contexto de la Unión Europea, y es bueno que este principio de realidad impregne al conjunto de Cataluña a la hora de afrontar nuestro futuro colectivo. La vía procesista nos ha llevado a un cul de sac institucional y no pasa nada si así lo admitimos.
Desde esta perspectiva, hace falta que el juicio por la autoabortada proclamación de la República catalana se desarrolle con un perfil técnico y acabe de la mejor manera posible para los 17 imputados, con penas que comporten la rápida excarcelación de los nueve encarcelados o que faciliten la tramitación y concesión de un indulto.
Para avanzar, Cataluña necesitar pasar página del 1-O y el juicio del Tribunal Supremo es la oportunidad para ponerlo en práctica. El mundo no se para y los catalanes hemos perdido inútilmente, durante seis años, un tiempo precioso, además de pelearnos como energúmenos entre nosotros.
