El cardenal y ex-arzobispo de Barcelona Lluís Martínez Sistach fue la persona que firmó las cartas de dismisión, es decir, los documentos que permitieron que dos diáconos, Albert Salvans Giralt y Pere Cané Gombau, acusados de abusos sexuales, fueran ordenados sacerdotes. Sistach era entonces, en los 80, vicario general de Barcelona. Esta es la última afirmación que pone el punto final a un voluminoso expediente que ahora se ha conocido y que instruyó el sacerdote Jaume González-Agàpito, ex-fiscal de la diócesis, hecho que le supuso el ostracismo eclesial.
El nombre de Lluís Martínez Sistach estaba escondido y, hasta ahora, a pesar de las reiteradas negativas del entonces cardenal-arzobispo Narcís Jubany a destapar estos hechos, sólo se conocían las iniciales con las cuales se firmaron las dismisiones que permitían ordenar sacerdotes a estos diáconos y que fueran trasladados de diócesis.
Un hecho que habría quedado enterrado, como otros en la Iglesia, si no fuera porque el mismo cardenal Narcís Jubany presionó a las víctimas de los abusos que habían denunciado los hechos para que retiraran las acusaciones a cambio de apartar los diáconos Salvans y Cané de la Iglesia. Nada más lejos de la realidad.
Una de las víctimas ha explicado que la trama de pederastia de la asociación Nous Camins se encargaba de reclutar a jóvenes de familias desestructuradas. "Estos hechos se denunciaron en los años 80, pero el cardenal Narcís Jubany prometió a las familias que los diáconos Salvans y Cané habían sido reducidos en el estado laical, pero no era verdad, los ordenaron sacerdotes", explica una de las víctimas, en el anonimato, en la web Infovaticana.
El escándalo de corrupción de menores y abusos saltó de la archidiócesis de Barcelona hacia África y América Latina, donde los dos diáconos ya ordenados y el sacerdote Francisco Andreo fundaron la comunidad Misionera de Sant Pau Apòstol i Maria Mare de l’Església, una entidad religiosa que les permitió continuar con la práctica de abusos sexuales. Los cardenales Narcís Jubany, Lluís Martínez Sistach y Ricard Maria Carles y los obispos auxiliares Jaume Trassera y Carles Soler giraron la espalda a las víctimas y no quisieron arrojar luz sobre las acusaciones contrastadas por monseñor Jaume González-Agàpito, el antiguo fiscal de la archidiócesis de Barcelona, e intentaron esconderlo todo.
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