La inseguridad jurídica

El 1984, cuando la actriz argentina Nacha Guevara volvió a su país después de casi una década de exilio, confesó e hizo énfasis en su experiencia de la inseguridad jurídica que sintió y la angustió en los diferentes lugares donde había residido. La seguridad jurídica es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta una sociedad sana y democráticamente sostenible.

Sin este elemento indispensable, o cuando se pone en entredicho, el estado de derecho entra en una peligrosa vía de descomposición. Descomposición que llega a las instituciones que tienen que garantizar el cumplimiento de los ordenamientos que la sociedad, libremente, se ha otorgado para articular una convivencia pacífica, democrática y justa.

En nuestro caso, estamos viviendo y sufriendo las consecuencias nefastas del gobierno del expresidente Mariano Rajoy en el ámbito judicial. Un presidente del gobierno que no dudó en manipular los más altos estamentos judiciales del país, vulnerando la imprescindible separación de poderes, cuestionando y apartando de la carrera judicial a jueces que investigaban las tramas de corrupción del Partido Popular, que él presidía, colocando a fiscales generales de dudosa capacidad para el cargo y, lo que es más grave, que tenían cuestionada su imparcialidad.

Cuando desde las más altas instancias de un país se transmiten estas actuaciones, la sociedad entera se resiente y se empieza a constatar ese estado de inseguridad y, por lo tanto, de desconfianza. Se crea un estado de descreencia perverso, que comporta la falta de participación ciudadana en el hecho y la cosa pública, complicando la convivencia y cediendo grandes parcelas de poder al arbitrio de dirigentes generalmente mediocres y poco capacitados para las tareas de gobierno. Recordamos aquella frase: "Los espacios siempre se ocupan". Entre otros cosas, esta fue la negativa gestión del gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a la justicia, actuación que culminó tirando sobre los estrados judiciales el peso de una acción de claro contenido político, el caso Cataluña, por incapacidad, negligencia y visión política corta.

Hoy estamos ante una seria y grave crisis político-jurídica que, entre otras cosas, es consecuencia de lo que se ha dicho anteriormente, donde la justicia española fue puesta en entredicho por tribunales otros países europeos e incluso cortes internacionales han revocado o se han manifestado contrarias a resoluciones, imputaciones y condenas de los estamentos jurídicos españoles. El Tribunal Supremo, con sus insólitas incongruencias recientes, es una prueba más del estado de descomposición de la justicia. Manejado por magistrados y presidentes de sala que hacen sospechar que responden más a concepciones políticas e intereses determinados por poderes fácticos que a la justa interpretación y aplicación de las leyes.

Estamos a las puertas de la culminación de un proceso que nunca tendría que haber llegado a este estadio, un proceso que Mariano Rajoy no tuvo ningún problema en propiciar: la judicialización de la política, dando una nueva muestra de su incapacidad. Los dirigentes políticos catalanes, tanto los que están en la cárcel, como los que están prófugos de la justicia, se enfrentan a un juicio viciado en las principales imputaciones, delitos de dudosa sostenibilidad jurídica, cuestionados por expertos juristas nacionales y extranjeros, todo producto de una irresponsable actuación de Mariano Rajoy.

La resolución de este grave problema no dejará satisfecha a ninguna de las partes implicadas. La justicia será la principal perjudicada, el descrédito lo tiene garantizado a los ojos de los ciudadanos. A este panorama no deseado se suman los improperios, las descalificaciones y amenazas de incumplimiento por parte de otro elemento desestabilitzador e incompetente como es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Todo está servido para colocar a la justicia española en un lugar que nunca tendría que haber logrado: la sospecha y la desconfianza de una sociedad que ve descomponerse un estado de derecho que tendría que velar por sus derechos. Siempre he sostenido que los culpables no me interesan. Me interesa el mal causado y las posibles consecuencias y soluciones. Estas requerirán de una gran dosis de inteligencia política y, sobre todo, tiempo.

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