El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, declarará este martes ante el juez porque considera que el equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau no impidió la movilización ciudadana durante la consulta independentista del 1-O.
Para el PP, a pesar de la suspensión de la consulta por parte de Tribunal Constitucional, el equipo de gobierno municipal garantizó los derechos y la seguridad de los trabajadores públicos que participaron, cosa que a parecer de los populares podría ser constitutivo de delito, según publica El Mundo. Fernández Díaz presentará este martes la documentación que acreditaría esta denuncia en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, pero también otros aspectos relacionados con el 1-O.
De hecho, Fernández Díaz ha sido citado por el juez a raíz de la denuncia que su grupo presentó el octubre del año pasado ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, al considerar que los días previos al 1-O el gobierno de la Generalitat vulneró la normativa de protección de datos sobre la información de carácter personal de las personas que conforman el censo electoral. El PP quiere saber si la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona vulneraron esta normativa.
Otro aspecto que llevará el líder del PP de Barcelona ante el juez hace referencia a los más de 130 colegios electorales y 10 centros cívicos de la ciudad que pusieron urnas para celebrar la consulta independentista a pesar de la prohibición del Constitucional.
