El Gobierno ha cifrado en 1.800 millones de euros la afectación económica de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en su presupuesto.
El comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, Pau Villòria, ha presentado este martes el informe sobre los efectos de los "siete meses de la amplia y planificada aplicación del artículo 155 en cada uno de los ámbitos de acción del gobierno".
Villòria ha comparecido junto a la portavoz del gobierno, Elsa Artadi, durante la tradicional rueda de prensa de los martes en el Palau de la Generalitat posterior al Consejo Ejecutivo.
Villòria también ha añadido que "difícilmente se podrá calcular el impacto que el 155 tuvo para la economía catalana global y para terceros afectados directamente o indirectamente". Sí que ha calculado, en "unos 130 millones de euros", el impacto directo de la intervención aprobada por el Senado.
También afectó los colectivos más vulnerables, puesto que más de un millar de entidades del ámbito social se han visto afectadas por la paralización de varias líneas de subvenciones por un importe de casi 12 millones de euros.
Sanidad, enseñanza, universidades, vivienda y seguridad son igualmente ámbitos tocados por el 155, en aspectos como la afectación en las obras de escuelas e institutos, la paralización de ayudas a la promoción de la vivienda social o la imposibilidad que los Mossos d'Esquadra puedan acceder al dinero de los fondos reservados para financiar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
En el ámbito político, aparte de la destitución del presidente Carles Puigdemont y de todo el gobierno, la intervención del Estado comportó el cese de un total de 234 trabajadores públicos, entre ellos 33 altos cargos.
