El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a devolver 4,9 millones de euros al erario público que, según ha resuelto esta institución fiscalizadora, se dedicaron indebidamente a la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Cuatro años después de aquella votación, celebrada aunque el Tribunal Constitucional había suspendido, ha llegado esta resolución contra la que Mas, Ortega, Homs y Rigau pueden presentar un recurso ante el propio Tribunal de Cuentas. Los cuatro ya fueron multados e inhabilidades por desobediencia por los tribunales de justicia. El Tribunal Supremo tiene pendienta la resolución de los recursos de casación interpuestos por Mas, Ortega y Rigau contra aquella condena.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, ordenó en diciembre de 2017 el embargo de la vivienda del expresidente Mas y de otros bienes de sus excompañeros de gobierno para que respondieran a parte de la fianza de 5,27 millones que les impueso en el marco de este procedimiento.