La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Forcadell y los Jordis

La petición del Ministerio Público para el mayor Trapero es una pena de 11 años
Oriol Junqueras

La Fiscalía ha presentado este viernes su escrito de conclusiones provisionales de acusación contra los dirigentes del proceso, en el que mantiene las acusaciones por rebelión y reclama una pena de 25 años de cárcel e inhabilitación para el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y penas de 16 años de cárcel e inhabilitación para los ex-consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa. Para los también ex-consejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, la pena solicitada por el Ministerio Público es de 7 años.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha descartado la acusación por rebelión, como se había adelantado, y ha solicitado para Junqueras 12 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia.

Asimismo, la Fiscalía pide 17 años de prisión e inhabilitación para la ex-presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes serán juzgados por su papel como presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Los tres, junto con Junqueras, son considerados por la Fiscalía promotores o jefes principales del presunto plan delictivo.

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de prisión e inhabilitación para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, el ex-director de los Mossos Pere Soler y el ex-secretario general de Interior Cèsar Puig, a quienes atribuye un delito de rebelión en vez de dos de sedición como hasta ahora. Para la intendente Teresa Laplana se plantea una condena de 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación.

En cuanto a los miembros de Mesa del Parlamento catalán y la ex-presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, acusados únicamente de desobediencia, el Ministerio Público pide inhabilitaciones.

La Fiscalía sostiene en su escrito que los investigados "contemplaban la utilización de todos los medios precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido".

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