Cómo que soy de formación cristiana, cuando oigo hablar del Supremo lo primero que me viene a la cabeza es Dios. Me enseñaron de pequeño que había un ser supremo que se llamaba Dios, que lo podía todo y que, además, era infalible, como su representante en la Tierra, llamado Papa. Hay constancia gráfica de cuando yo era pequeño y creía en estas cosas.
Ahora ya no. Además, ahora cuando se habla del Supremo mucha gente, yo incluido, piensa en el Tribunal último de la jurisdicción española. Los procesos judiciales acaban en este alto tribunal, a partir del cual ya sólo queda recurrir a instancias internacionales.
El Tribunal Supremo está compuesto por personas que, como tales, son falibles. Por lo tanto, es normal que cometa errores. Lo que no es nada habitual es que, si lo hace, reconozca que se ha equivocado. Y esto es, precisamente, lo que ha hecho el presidente de este Tribunal, Carlos Lesmes: ha pedido perdón por uno de estos errores. Ha sido a raíz de la sentencia de una sala de este Tribunal que condena a los bancos a pagar los actos notariales vinculados a la contratación de hipotecas. Hasta ahora, estas tasas las pagaban las personas que se hipotecaban. A los bancos y entidades financieras que conceden hipotecas no les gustó nada esta sentencia. Han puesto el grito al cielo y sus cotizaciones en Bolsa se han resentido. Los expertos calculan que tendrían que dedicar unos 4.000 millones de euros anuales a este gasto. No es que sea una cantidad que los haga tambalear pero ya se sabe que estas entidades no dejan pasar ni una.
Total, que el presidente de Sala Contencioso-Administrativa, Luis Díez-Picazo, ha decidido convocar un pleno de todos los jueces bajo su jurisdicción, incluidos los que firmaron la sentencia mencionada, el 5 de noviembre. Lo ha hecho, según él, por "la repercusión económica y social enorme" de la sentencia.
El escándalo ha sido mayúsculo. Lesmes ha dicho públicamente que este debate "no lo hemos gestionado bien" y ha pedido "disculpas a los ciudadanos que se hayan sentido perjudicados por esta gestión deficiente". Si el 5 de noviembre, la sala Contencioso-Administrativa decide dar marcha atrás en la sentencia que traslada a los bancos el pago de los actos jurídicos notariales de las hipotecas, además de error habrá que hablar de tomadura de pelo.
En el Supremo es donde se sigue el proceso que ha llevado a la prisión el ex-vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a un puñado de ex-consejeros y dirigentes políticos independentistas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen que presentar sus conclusiones y las peticiones de penas esta semana.
La sentencia que adopte en este proceso también tendrá "una repercusión social enorme". Nos jugamos mucho más que 4.000 millones de euros.
