Somos una colonia… ¡italiana!

La electricidad y las autopistas de peaje son infraestructuras estratégicas para Cataluña
Endesa explota en Cataluña ocho embalses, como este de Talarn, que ya tienen la concesión caducada.
Endesa explota en Cataluña ocho embalses, como este de Talarn, que ya tienen la concesión caducada.

Si hace 2.000 años el territorio que hoy es Cataluña formaba parte de la provincia Tarraconense (Hispania Citerior Tarraconensis) del Imperio Romano, la situación actual ofrece un paralelismo curioso e inquietante de ocupación y de dependencia hacia los intereses del país de la bota. Dos de las grandes infraestructuras clave para el funcionamiento de Cataluña –la energía (Endesa) y las comunicaciones de alta capacidad (Abertis)– están en manos de empresas de capital italiano: Enel y Atlantia.

En ambos casos se trata de posiciones de dominio conflictivas que, en los próximos meses y años, se convertirán en un importante foco de tensión con la población catalana y sus representantes políticos. Tanto la producción de energía eléctrica como la explotación de las autopistas son sectores regulados y sometidos al régimen de concesiones administrativas. Y Enel y Atlantia juegan con fuego, puesto que sus permisos para operar en Cataluña están vencidos, en el caso de ocho centrales hidroeléctricas de los Pirineos (véase EL TRIANGLE n. 1317), o a punto de hacerlo en un horizonte no muy lejano (caso de las autopistas de peaje, las tres centrales nucleares o más centrales hidroeléctricas).

CONCESIONES CADUCADAS

Las dos empresas italianas –una de capital mayoritariamente público (Enel) y la otra controlada por la familia Benetton (Atlantia)– actúan en Cataluña como carroñeros. Cuando decidieron invertir en Endesa y Abertis sabían perfectamente que muchas de las concesiones que amparan estos negocios estaban caducadas o a punto de caducar. Aún así lo han hecho, contando con su capacidad para influir en las autoridades españolas y catalanas y conseguir una ampliación, implícita o explícita, de los plazos de explotación de las concesiones.

Es el que pasa con las centrales hidroeléctricas que Enel tiene en los Pirineo, herencia de las antiguas empresas –Fecsa y Enher– que Endesa absorbió en 1999. Ocho de las concesiones que amparan su funcionamiento privado (Cabdella, Seròs, Talarn, Camarasa, la Pobla, Sant Llorenç de Montgai, Gavet y Terradets) ya están vencidas, según el plazo máximo de 75 años que marca la ley de aguas del 2001.

En el caso de estas ocho centrales hidroeléctricas, ya se tendría que haber producido hace años su reversión a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo dependiente del ministerio de Fomento que otorga y gestiona las concesiones. Pero, de manera insólita –por desidia, connivencia o irresponsabilidad–, esto no se ha producido todavía.

Poca broma: las ocho centrales hidroeléctricas de Endesa-Enel en los Pirineos que tienen las concesiones caducadas suman una potencia instalada de casi 800 Mw (una central nuclear convencional tiene 1.000 Mw de potencia). Desde hace años, y ante la indiferencia del gobierno español y de la Generalitat, la empresa italiana –que compró Endesa en 2009– está robando y revendiendo impunemente millones de kilovatios generados en los ríos Noguera Pallaresa, Flamisell y Segre.

Las tres centrales nucleares que hay en Cataluña (Ascó I e II y Vandellòs II) también cuelgan de un hilo. El 26 de julio del año 2020 se extingue el permiso de explotación de Vandellòs II (72% propiedad de Endesa y 18% de Iberdrola). Y a finales de septiembre del 2021 caducan las licencias de Ascó I (100% propiedad de Endesa) y de Ascó II (85% de Endesa y 15% de Iberdrola). Las tres plantas atómicas tienen más de 30 años y han provocado numerosos sustos por los accidentes que han sufrido.

Durante el gobierno de Mariano Rajoy se promovió el alargamiento de estas licencias durante diez años más y, en este sentido, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), que gestiona las tres centrales, presentó, el año pasado, la solicitud de prórroga ante el ministerio de Energía. Pero con la llegada a la Moncloa del PSOE, con el apoyo de Podemos –partidarios de la extinción de las centrales atómicas– es una incógnita saber qué pasará con estas licencias.

LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA

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