La plena integración de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el plazo de 30 días es la principal novedad acordada por los gobiernos español y catalán, representados respectivamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada este jueves.
En la rueda de prensa posterior, el ministro Grande-Marlaska y el consejero de Interior, Miquel Buch, han exhibido buena sintonía y han anunciado varios acuerdos, entre ellos la creación de una comisión de coordinación entre las juntas de seguridad. Buch también ha explicado que se estudiará en el marco de una comisión la petición del gobierno catalán para convocar dos promociones de 450 nuevos agentes de los Mossos cada una. El consejero ha expresado que "no hay diferencias de color ni políticas" y que les une la voluntad de trabajar al servicio de la ciudadanía.
Sobre la controversia de los lazos amarillos, Marlaska ha destacado que hay compromiso de cooperación y de lealtad institucional entre las administraciones para garantizar un espacio público neutral para todos. En concreto, ha manifestado su confianza en los Mossos d'Esquadra para asegurarlo, así como la disposición del ministerio a ayudarles.
Mientras que Marlaska se ha referido a la existencia de una percepción social según la cual el espacio público no es "adecuado" en "determinadas zonas y determinadas circunstancias" para el desarrollo de derechos y libertades, y ha reiterado su confianza en los Mossos para asegurar la convivencia, Buch ha manifestado que para la consejería de Interior no hay problemas de convivencia, y ha señalado a Ciudadanos, sin citar a este partido, como responsables de determinadas "llamamientos" relativos a la retirada de lazos amarillos. Asimismo, ha recomendado que ante cualquier conflicto la gente llame a los Mossos, y ha agradecido la confianza de Marlaska en este cuerpo policial.
En cuanto a la controversia de los símbolos en espacios públicos, el ministro ha citado como referencia una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada el pasado 5 de julio, que ampara la retirada de una estelada colgada en una plaza de Sant Cugat del Vallès.
