El gobierno de Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de contratar a un abogado en Bélgica para que defienda Pablo Llarena y la justicia española ante la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y los ex consejeros que están en Bruselas. Sería la vía que tiene la Abogacía del Estado para poderse personar.
El gobierno español tiene sobre la mesa la opción de contratar un abogado en Bélgica, que sería el encargado de ir el día 4 de septiembre a Bruselas, en representación del Estado y también del magistrado del Supremo Llarena.
La justicia belga lo ha citado después de la demanda que presentaron Puigdemont, Comín, Serret, Puig y Ponsatí porque consideran que es imparcial y que está vulnerando sus derechos a la presunción de inocencia.
Si finalmente el ejecutivo de Sánchez acaba contratando el abogado belga (lo decidirán los ministerios de Justicia y Exteriores), este actuaría bajo la dirección y la supervisión de la Abogacía del Estado, para defender, según fuentes de la Moncloa, los intereses del mismo Estado y la inmunidad de la jurisdicción española.
Todo ello, después de que este jueves el Poder Judicial otorgara amparo a Llarena y pidiera la implicación en el gobierno español para defenderlo ante la justicia de Bélgica.
