El Ministerio del Interior considera que la condición de prófugo de la justicia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es incompatible con disfrutar de una escolta a cargo de los Mossos d'Esquadra.
Después de recoger un informe a la Abogacía del Estado, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza la pretensión del actual Gobierno de la Generalitat que el expresidente catalán, procesado por rebelión, disponga de escolta a cargo de la policía autonómica en su refugio de Waterloo (Bélgica).
Puigdemont se acogió a finales de junio a la ley que regula los privilegios de los expresidentes de la Generalitat; entre ellos, una oficina con personal, coche oficial y seguridad. Previamente, la mayoría independentista del Parlamento rechazó una propuesta del PP para privar de estas prerrogativas.
En julio, el ejecutivo de Quim Torra puso en marcha los trámites para atender estas demandas. Entre otras gestiones, se dirigió al Ministerio del Interior para que autorizara el desplazamiento al extranjero de agentes armados de los Mossos, con el objetivo que sirvan como escolta a Puigdemont. También lo hizo al Ministerio de Exteriores porque tramite los permisos necesarios porque puedan operar en Bélgica como agentes de la autoridad.
Después de recoger un informe a la Abogacía del Estado, fuentes de Interior alegan que Puigdemont no puede disfrutar en el extranjero de una escolta oficial, puesto que en la actualidad no tiene ningún cargo público -ha quedado suspendido como diputado del Parlamento después de su procesamiento por rebelión- y es un prófugo de la Justicia.
