La suspensión de cargo público que afecta a Carles Pugidemont y a cinco diputados más, decidida por el juez que ha instruido en caso del proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha sido confirmada este lunes por la sala de apelaciones del mismo tribunal.
El auto desestima los recursos formulados por el ex-vicepresidente Oriol Junqueras, los ex-consejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, y el ex-presidente de la ANC Jordi Sànchez, que se encuentran en prisión preventiva. Aduce que la suspensión no fue una decisión discrecional, sino que está amparada por la ley de enjuiciamiento criminal.
La sala de apelaciones del Supremo indica que la suspensión no se refiere sólo a la presunta comisión de un delito de rebelión, por el que se los ha procesado, sino que también destaca que la gravedad de los hechos es “de tal evidencia, que autoriza una motivación implícita que resultaría perceptible por cualquiera”.
En ese sentido, apunta que los hechos asociados con estos procesados "pretendían, con el auxilio de previsibles actos de violencia, alterar los límites territoriales no solo de España, sino de la Unión Europea". Aunque admite la importancia de los derechos suspendidos, también defiende la proporcionalidad de la medida aplicada por Llarena.
