Dos semanas después de que se conociera la sentencia de la pieza principal de la trama del caso Gürtel que costó la presidencia del gobierno central a Mariano Rajoy, este lunes la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia de la trama que afecta al PP de Valencia.
En esta sentencia, la Audiencia Nacional acredita que durante el mandato de Francisco Camps al frente de la Generalitat valenciana, los populares se financiaron de manera ilegal, e impone penas de prisión a 18 de los 20 acusados que participaron en la trama durante las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
El juez condena a los acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. Así, en referencia a la anterior dirección del PP valenciano, el juez ha condenado a una pena de cuatro años de prisión al exsecretario general del partido, Ricardo Costa, a quien el magistrado le ha aplicado los atenuantes de colaboración activa o confesión.
También la exgerente del PPCV, Cristina Ibáñez, ha sido condenada a tres años y cuatro meses. El exvicesecretario de la formación, David Serra, a tres años y ocho meses, y la extesorera, Yolanda García, a cuatro meses.
Por su parte, Francisco Correa, jefe de la trama, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión. Pablo Crespo, mano derecha de Correa, ha sido condenado a cinco años, y Álvaro Pérez, conocido como «el bigotes» a una pena de seis años y nuevo meses.
A Cándido Herrero, del denominado Grupo Correa, el juez le ha impuesto una pena de cinco años y un mes de prisión, y tres años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.
Finalmente, el Juzgado Central penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana en la época de Camps, Vicente Rambla.
El juez del Juzgado Central penalt de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha dictado que queda acreditado que varios empresarios pagaron al PP valenciano a cambio de recibir adjudicaciones de manera irregular.
La Fiscalía Anticorrupción había conseguido que nueve empresarios reconocieran los delitos por lo que los hechos probados estaban ya asumidos por los implicados.
