La Generalitat vive un momento refundacional, después de los traumáticos acontecimientos que hemos conocido desde los pasados 6-8 de septiembre. Con la toma de posesión del nuevo gobierno, presidido por Quim Torra, y el levantamiento del artículo 155 de la Constitución se abre una nueva etapa que tiene que contribuir a la tranquilización de la situación económica y social del país.
Obviamente, el repentino cambio de gobierno en Madrid, con la fulminante llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, ayuda poderosamente a rebajar la tensión y a calmar los ánimos. La existencia de políticos presos y exiliados se tiene que encarrilar -es de prever que todo acabe en una inhabilitación-, pero no puede continuar condicionando el día a día de la acción de la Generalitat.
Quim Torra, el presidente «accidental», tiene que asumir plenamente sus responsabilidades, pensando en el conjunto de la sociedad catalana. Este es el sentido último del voto favorable de ERC y del PDECat -columna vertebral del nuevo gobierno de la Generalitat- a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
En el actual contexto, yo doy un voto de confianza a Quim Torra, a pesar de sus desafortunados patinazos etnicistas del pasado, por los cuales ya ha pedido perdón desde la tribuna del Parlamento. Pero quiero hacerle una advertencia: tiene que erradicar radical y expeditivamente cualquier brote de corrupción que, de ahora en adelante, se pueda detectar en el gobierno y en la administración que él preside.
Desgraciadamente, venimos de una tradición, instaurada en 1980 por Jordi Pujol en la Generalitat, que confunde los intereses privados con los intereses públicos. El dinero de los contribuyentes, que nutre los presupuestos, es sagrado y el gobierno no tiene derecho a derrochar ni un solo euro. La administración catalana debe tener una moral impecable e implacable donde la corrupción, el tráfico de influencias, la prevaricación, el amiguismo y el abuso de poder sean prácticas totalmente desterradas.
La vergonzosa cadena de escándalos que marcaron los gobiernos de Jordi Pujol y Artur Mas -a pesar de que se intentaron tapar en nombre de la sacrosanta patria y con la ignominiosa omertá mediática instaurada a base de subvenciones- se tiene que cortar por lo sano. La transparencia, la honestidad y el buen gobierno son las banderas que deben ondear en el Palau de la Generalitat.
Espero de todo corazón equivocarme, pero hay dos nombres del nuevo consejo ejecutivo de Quim Torra que me inquietan: los de los consejeros de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, los dos del «clan» convergente de Sant Cugat. Su currículum, vinculado a la mezcla de política y negocios, no es el más adecuado para formar parte del gobierno de Cataluña.
